La reciente negativa de la Agencia Nacional de Minería (ANM) a otorgar una prórroga al título minero solicitado por Minera de Cobre Quebradona S.A.S, conocida el 2 de diciembre, sigue dando de qué hablar por cuenta del presidente Gustavo Petro.
El futuro del proyecto minero localizado entre los municipios de Jericó y Támesis, en el departamento de Antioquia, después de que la ANM argumentara una serie de falencias detectadas tanto en la gestión ambiental como en las relaciones sociales de la empresa con el territorio.
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Sin embargo, el presidente aseguró en la mañana del domingo 7 de diciembre que dicha medida, más allá de detectar una serie de anomalías en el proyecto minero, se habría tomado como parte del compromiso de su gobierno para reducir las exploraciones y extracciones de recursos minerales.
De hecho, el mandatario nacional sacó pecho por la comunidad de Jericó y Támesis, asegurando que, con la negativa de prórroga, los habitantes de los municipios podrían fortalecer el negocio agrícola y caficultor.
“Se ha negado la prórroga de la exploración de minería de Quebradona en Jericó. Jericó podrá seguir siendo emporio cafetero, agrario y ambiental. Cumplí mi palabra prometida en mi campaña que hice al pueblo del sur de Antioquia”, señaló Gustavo Petro en su cuenta de X.
Apenas cinco días atrás, en un comunicado oficial, la ANM argumentó que basó su resolución en la “falta de gestión del titular para obtener la viabilidad ambiental y las debilidades en el relacionamiento social en territorio”.
El organismo también destacó que, hasta la fecha, no se había presentado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), considerado requisito indispensable para avanzar en el proceso de licenciamiento y la continuidad de las labores de exploración en la zona.
“Desde 2007, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera ha recibido tres solicitudes de prórroga que suman un periodo de nueve años. En esta última solicitud, la cuarta, la ANM encontró que el titular está pendiente de presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Dicho trámite se ha mantenido archivado por la ANLA”, señaló la entidad.
Otro elemento clave en la negativa de la prórroga fue la reciente declaración de una Zona de Reserva Temporal en los municipios afectados, oficializada por el Ministerio de Ambiente. La ANM sostuvo que esto impacta tanto las condiciones técnicas como ambientales y sociales, respaldando la resolución que reafirma “el compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y la estabilidad social del territorio”.
Mientras tanto, desde la Minera Quebradona aseguraron que aún no han recibido una notificación formal sobre la decisión y que, hasta entonces, no emitirán ningún pronunciamiento.
El contexto del conflicto social, asociado a las actividades de la filial de AngloGold Ashanti en Colombia, resulta central para comprender la tensión actual. Un episodio relevante se vivió en junio de 2025, cuando un juez municipal de Jericó dejó en libertad a once campesinos acusados por la multinacional.
La Fiscalía había solicitado que estas personas permanecieran privadas de la libertad, pero el juez determinó que continuaran el proceso penal afuera de la cárcel, aunque sin permiso para salir del país y bajo la condición de buena conducta.
Los cargos contra los campesinos provienen de diferentes querellas impulsadas por Quebradona, pero una destaca especialmente: a finales de 2023, más de cien personas desmontaron una plataforma de exploración que la empresa había instalado en un terreno perteneciente a la familia del exalcalde local.
Según la defensa, representada por la Corporación Jurídica Libertad, este acto obedeció a una manifestación en contra de la minería de cobre en la región. La visión de la compañía contrasta: la empresa lo consideró “un ingreso a propiedad privada y un desmonte ilegal de sus equipos”, elemento que también pesó en la evaluación de la ANM.
Respecto al futuro del proyecto, expertos como Cristián Torres, representante de Censat Agua Viva, indicaron en diálogo con El Espectador que la empresa aún podría reiniciar el proceso ambiental. Torres afirmó que un posible camino sería presentar otra solicitud de licencia ambiental, esta vez complementada por un Estudio de Impacto Ambiental actualizado con los datos ya recolectados en el área de influencia.
La ANM aclaró que la decisión actual solo afecta la etapa de exploración, lo que le permitiría avanzar hacia la fase de licenciamiento ambiental y, eventualmente, a etapas posteriores como construcción, montaje y explotación, siempre que cumpla con los procedimientos vigentes.
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