Juzgado dio ultimátum a Miguel Polo Polo para que ofrezca disculpas públicas a madres de ‘falsos positivos’ y reinstale la exposición artística

El Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogotá ordenó al congresista Miguel Polo Polo garantizar la reinstalación de la obra “Mujeres con las botas bien puestas” y presentar disculpas solemnes a las madres de vícimas de ‘falsos positivos’ durante un acto público programado para el 5 de diciembre, en cumplimiento de la Sentencia T-375 de 2025 emitida por la Corte Constitucional.

La instrucción se comunicó mediante una providencia fechada el 3 de diciembre y notificada a las partes dentro del proceso de verificación del fallo de tutela.

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El despacho recordó que la Corte había protegido los derechos de la Asociación de Madres de Familia de Falsos Positivos (Mafapo) y de la Fundación Rinconesarte Internacional, y reiteró que las medidas de reparación deben ejecutarse respetando la centralidad de las víctimas.

Juzgado requiere acciones verificables

En la providencia, el juzgado informó que ponía en conocimiento del congresista el documento presentado por las víctimas sobre el cumplimiento del fallo y dispuso requerirlo para que, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, reportara las gestiones realizadas para garantizar que la obra sea reinstalada a las 9:00 a. m.

Se enfatizó que la instalación “Mujeres con las botas bien puestas” deberá mantenerse con integridad conceptual y museológica, en coherencia con el carácter memorial del tributo a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales registradas entre 2002 y 2008. El juzgado también señaló que Polo Polo debe acreditar la transmisión del acto público por sus redes sociales y por los canales institucionales del Congreso de la República.

Además, la providencia ordenó que durante la reinstalación se ofrezca una disculpa solemne a las integrantes de Mafapo. Según el despacho, el congresista debe reconocer el daño causado tanto por las acciones como por las declaraciones emitidas durante los hechos del 6 de noviembre de 2024, cuando retiró parte de la obra y arrojó las botas a bolsas de basura dentro del Capitolio Nacional.

El juzgado advirtió sobre las consecuencias legales del incumplimiento de la sentencia, entre ellas las medidas propias del incidente de desacato, cuya aplicación corresponde a la jurisdicción constitucional.

Antecedentes del fallo de la Corte Constitucional

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando Miguel Polo Polo retiró varios pares de botas pertenecientes a la instalación artística dirigida por Mafapo. El colectivo denunció los hechos, lo que derivó en un proceso de tutela que concluyó con la Sentencia T-375 de 2025, emitida el 17 de octubre.

La Corte Constitucional ordenó devolver las botas o, en caso de no tenerlas, notificar al juzgado para la creación de una mesa de diálogo que determine el mecanismo de reparación. También dispuso la publicación de disculpas públicas en redes sociales y la asistencia obligatoria del congresista a un acto con Mafapo para reiterar su arrepentimiento en el marco de un nuevo homenaje.

Como parte del cumplimiento parcial, Polo Polo publicó un comunicado en su cuenta de X. En él afirmó: “Quiero dejar en claro que a las señoras de la fundación Mafapo no las conozco, no sabía quiénes eran, ni mucho menos que esa exposición era de ellas. Les presento disculpas, como me lo ordena la Honorable Corte, si en mi video se sintieron aludidas. Esa no fue mi intención”. El congresista agregó en el mismo documento que su actuación buscaba “derrumbar una mentira creada por la izquierda alrededor de un número inflado para hacer política y dinero”, y afirmó que su objetivo era cuestionar cifras, no atacar al colectivo.

Reacción de las madres de ‘falsos positivos’

Tras la publicación, Mafapo manifestó inconformidad con el tono y contenido del mensaje. En entrevista con W Radio, Jacqueline Castillo, representante del colectivo, señaló que el congresista “sigue revictimizando” a las madres de las víctimas al sugerir que las cifras que denuncian estarían infladas.

Según Castillo, el comunicado no responde a lo ordenado en materia de reparación simbólica y no constituye un reconocimiento pleno del daño causado. Sobre el contenido del texto, afirmó: “Dice que inflamos las cifras para sacarle dinero al Estado, que estamos dañando el buen nombre de las Fuerzas Militares cuando fueron ellos mismos”. Indicó además que el colectivo considera que el congresista no podrá “lavarse las manos” con un documento que calificaron como revictimizante.