Impulsan ley para proteger a quienes denuncien actos de corrupción en Colombia: esto dice la iniciativa

En el Congreso de la República fue radicado el proyecto de ley denominado Ley Jorge Pizano, que busca establecer un sistema unificado y robusto de protección a denunciantes de corrupción.

La iniciativa, que fue presentada por el Ministerio de Justicia y cuenta con el respaldo de varios congresistas de distintas bancadas políticas, representa un avance legislativo considerado histórico en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos fundamentales de quienes reportan irregularidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según informó la cartera, la propuesta responde a una demanda social de larga data en el país, recordando que el país enfrenta un panorama complejo en materia de corrupción, caracterizado por altos niveles de impunidad y la ausencia de un sistema eficaz que resguarde a quienes deciden reportar actos ilícitos.

“Esperamos que este proyecto de ley tenga de nuevo acogida en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, y así podamos lograr, no solamente la protección de los trabajadores que denuncien a sus jefes por presuntos actos de corrupción, sino también tener una serie de sistemas de protección para ellos”, indicó Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.

Según cifras citadas por El Tiempo, hasta 2021, el 61% de las denuncias por corrupción contra la administración pública se encontraban archivadas, mientras que solo el 0,2% de los casos había alcanzado una sentencia sancionatoria y el 0,5% resultó en aceptación de cargos. En total, 157.399 procesos permanecían archivados y apenas 488 contaban con sentencia.

Tanto el Ministerio de Justicia como las congresistas impulsoras del proyecto han subrayado la urgencia de crear mecanismos que garanticen la seguridad, la estabilidad laboral y la integridad de los denunciantes, así como la de sus familias, para combatir el temor a represalias y fomentar la denuncia de actos de corrupción.

“Esta iniciativa es una herramienta fundamental en la lucha contra el miedo que promueven los corruptos en los territorios”, agregó el alto funcionario.

Aspectos del proyecto de ley

El proyecto de ley establece un marco normativo y procedimental para proteger a personas naturales, tanto particulares como servidores públicos, que enfrenten riesgos derivados de la denuncia de hechos de corrupción.

Según el Ministerio de Justicia, la protección se extiende también a terceros vinculados al denunciante, como cónyuges, compañeros permanentes y familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, que puedan ser objeto de represalias.

Entre las medidas contempladas se encuentran la reubicación temporal, el apoyo económico y el acompañamiento especializado para casos de alto riesgo.

Adicional a ello, el proyecto prevé la creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes/Denunciantes de Actos de Corrupción (Suprac), una instancia interinstitucional independiente encargada de coordinar, adoptar decisiones y orientar la implementación y el seguimiento de las medidas de protección.

“El SUPRAC también tendrá la función de recomendar mejoras en los sistemas y canales de denuncia existentes en el país”, señala la iniciativa.

La iniciativa cuenta con el apoyo de figuras como la senadora Clara López (Pacto Histórico) y las representantes a la Cámara María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) y Catherine Juvinao (Alianza Verde), quienes han convocado a congresistas de todas las bancadas a sumarse como coautores.

“Damos de nuevo la batalla para blindar a quienes enfrentan la corrupción. Urge que el Congreso construya consenso alrededor de esta causa moral y garantice redes reales de apoyo y seguridad”, aseguró María del Mar Pizarro.

Así mismo, el Ministerio de Justicia resaltó que el proyecto recibió concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal y análisis fiscal del Ministerio de Hacienda, además de haber sido socializado en foros ciudadanos.

Esta será la segunda vez que la iniciativa será discutida en el legislativo, ya que en el periodo anterior (2024-2025), la propuesta fue aprobada en primer y segundo debate, lo que evidencia un respaldo multipartidista y un proceso legislativo avanzado, pero que no alcanzó a ser sancionada por falta de trámite.

La normativa está inspirada en el fallecido ingeniero colombiano Jorge Enrique Pizano, conocido por su papel como auditor en el proyecto Ruta del Sol II y por ser uno de los testigos clave en el escándalo de corrupción que involucró a Odebrecht en Colombia.

Durante su gestión como auditor del proyecto, Pizano detectó irregularidades y posibles sobornos, información que entregó a Néstor Humberto Martínez, quien en ese momento era asesor legal del Grupo Aval, socio de Odebrecht en el proyecto.

Sin embargo, Jorge Pizano falleció el 8 de noviembre de 2018, en circunstancias que generaron sospechas debido a la muerte de su hijo tres días después que, según las investigaciones, el joven ingirió cianuro al beber de una botella que se encontraba en el escritorio de su padre.

La aprobación de este proyecto de ley representa un paso decisivo para transformar el entorno de denuncia en Colombia, al ofrecer garantías concretas y respaldo institucional a quienes deciden enfrentar la corrupción.