Gobierno Petro estaría negando información al Consejo de Estado sobre el ‘tarimazo’: estudia demanda de investidura contra Isabel Zuleta

El Consejo de Estado reiteró su exigencia a la Presidencia para que entregue la documentación solicitada desde noviembre de 2025 sobre el evento del ‘tarimazo’ en La Alpujarra: un episodio que mantiene en suspenso la investidura de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta, que está siendo investigada por estos hechos, por su presunta participación indebida en la gestión del traslado de nueve cabecillas de bandas criminales de la cárcel La Paz de Itagüí.

Según el alto tribunal y por tercera ocasión, la información incluye la resolución 138 del 29 de mayo de 2023, que instauró la denominada ‘Paz Urbana’ en Medellín y el Valle de Aburrá, así como la resolución 452 del 8 de noviembre de 2024, en la cual se designaron los representantes del Gobierno en el Espacio de Conversación Sociojurídico. En otras palabras, la implementación de la Paz Total del Ejecutivo, con el fin de firmar la paz con estos grupos armados.

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La entrega de estos documentos, según dio a conocer Caracol Radio, resultaría clave para el proceso de pérdida de investidura que enfrenta la congresista Zuleta. El caso se centra en la acusación de que la congresista facilitó la salida de prisión de los temidos cabecillas para participar en un evento en La Alpujarra, junto al presidente Petro, en la jornada que se llevó a cabo el 21 de junio de 2025, y en el que participaron temidos sujetos de la ‘Oficina de Envigado’.

Así demandaron accionar de la senadora Isabel Zuleta

William Quintero, uno de los demandantes, afirmó que “Zuleta, en su calidad de representante del Gobierno en la ‘Mesa de Paz Urbana’, hizo las solicitudes y gestiones ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para sacar a estos cabecillas de la cárcel”. Y sostuvo que la senadora no tenía la facultad para realizar tales gestiones, ya que, según su interpretación, “el habilitado era el coordinador de la mesa, Jorge Iván Mejía Martínez”.

Además, el demandante remarcó que “estos cabecillas que cumplen condena en prisión debieron ser trasladados con la autorización de un juez”. Frente a esto, el Consejo de Estado insistió en obtener la documentación pendiente refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer el papel de los funcionarios involucrados en el controvertido acto, como:

• José Leonardo Muñoz, conocido como Douglas, figura como uno de los principales líderes de la organización criminal “La Oficina” y cuenta con un extenso historial delictivo.
• Fréyner Ramírez, identificado como Carlos Pesebre, es señalado como cabecilla de grupos delincuenciales en el Valle de Aburrá y considerado heredero de las estructuras criminales que operaron bajo el mando de “Don Berna”.
• Juan Carlos Mesa, apodado Tom, es señalado como uno de los líderes de alto perfil entre las bandas criminales de la región.
• Jorge de Jesús Vallejo, conocido como Vallejo, es señalado como cabecilla de grupos delincuenciales en Medellín.

Se espera que el Consejo de Estado convocará la audiencia una vez se hayan recopilado todas las pruebas decretadas y se haya dado traslado a las partes procesales. Es válido destacar que el 19 de noviembre se había conocido del reconocimiento al abogado Jaime Jurado Alvarán como representante legal de la senadora Zuleta, conforme a los poderes otorgados para su defensa en el proceso, que avanza pese a lo que serían las trabas del Gobierno.

En ese sentido, también cabe destacar que estas acciones tienen como propósito que la Sala Especial de Decisión reúna los elementos probatorios necesarios para establecer si la senadora incurrió en una causal de pérdida de investidura por su intervención en el ‘tarimazo’, hecho que ha sido objeto de seguimiento judicial y cobertura mediática, por las implicaciones que tuvo: pues era la primera vez que a Petro se le veía con jefes de estructuras criminales.