El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, lanzó duras críticas al Gobierno durante el debate sobre la reforma tributaria, acusando al Ejecutivo de mostrar desprecio por la Constitución y la autonomía del Congreso de la República.
Sus declaraciones se dieron en un contexto de tensión política y retrasos en la aprobación de la iniciativa que busca recaudar recursos para el Presupuesto General de la Nación 2026.
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Cepeda denuncia ataques a la institucionalidad
En el recinto del Senado, Cepeda fue contundente: “He conocido el desprecio que tiene este gobierno por la Constitución Nacional y la separación de poderes. Pero pararse el señor ministro a insultar a un poder independiente, pararse el señor ministro a decirnos mentiras sobre para qué quiere los recursos, realmente ya es el colmo”.
El congresista enfatizó que el Congreso, elegido por más de 22 millones de colombianos, toma decisiones de manera autónoma y no es un notario del Ejecutivo. Recordó que la reforma que impulsa el Gobierno ya había sido archivada por dos comisiones del Senado y pidió respeto por la institucionalidad: “Esta reforma ya fue archivada. Se votó el archivo por dos comisiones del Senado de la República”.
Cepeda criticó la manera en que miembros del Ejecutivo, según él, han intentado influenciar y presionar al Congreso, calificando estas acciones como un insulto a la democracia. El senador subrayó que la separación de poderes no es negociable y que cualquier intento de manipular el trámite legislativo sería una falta grave contra la Constitución.
Asimismo, Cepeda dejó claro que la reforma está prácticamente hundida, argumentando: “Dos comisiones del Senado votamos sí al archivo del proyecto, de manera que se rompa o no el quórum, la reforma está muerta”.
Contexto de la reforma tributaria
La reforma tributaria o ley de financiamiento busca recaudar $16,3 billones para cubrir parte del Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $546,9 billones. Sin embargo, el trámite ha estado marcado por la falta de quórum, retrasos y reprogramaciones constantes, lo que ha generado incertidumbre política.
El debate del día de hoy, miércoles 3 de diciembre se vio interrumpido varias veces, a pesar de la presencia de congresistas, debido a que no se alcanzaron los votos necesarios para iniciar la discusión formal.
La sesión se levantó finalmente y fue reprogramada para el 9 de diciembre. Durante el proceso surgieron controversias por el retiro de firmas de senadoras que respaldaban el archivo de la iniciativa, lo que complicó aún más el panorama.
Ajustes en la propuesta
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que se realizarán cambios en la reforma, especialmente en la no deducibilidad de las regalías para la industria extractiva, y que se revisarán los impuestos sobre licores, carbón y el sistema financiero. Según Ávila, estas modificaciones permitirían un incremento en la recaudación de $3 billones anuales y buscan responder a las observaciones de la Corte Constitucional.
Posturas y tensiones políticas
El debate ha evidenciado fuertes diferencias entre los partidos. Cambio Radical criticó la iniciativa, afirmando que el país no necesita más impuestos sino recortes de gasto público, mientras que el Partido Liberal instruyó a sus miembros a impedir la imposición de tributos adicionales. Por su parte, varios congresistas del Centro Democrático, la U y el Verde expresaron su oposición de manera individual.
El retiro de firmas de las senadoras Karina Espinosa (Partido Liberal) y María Angélica Guerra (Centro Democrático) sobre la ponencia que proponía archivar la reforma generó incertidumbre.
Ambas aclararon que su decisión fue por motivos formales, pero reafirmaron su posición contraria a la iniciativa: “Ni un impuesto más para los colombianos”, escribió Espinosa en su cuenta de X.
Plazos y escenarios posibles
El Congreso tiene hasta el 16 de diciembre para completar los cuatro debates requeridos para aprobar la ley. De no lograrse, podrían convocarse sesiones extraordinarias, aunque la falta de consenso y las tensiones políticas dificultan el avance. Un retraso hasta 2026 significaría que los nuevos impuestos entrarían en vigor solo el próximo año, afectando la ejecución del presupuesto y los ingresos previstos por el Ejecutivo.
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