
La negociación del aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 avanza en medio de un debate marcado por propuestas divergentes y cifras que reflejan la complejidad del panorama económico nacional. Por un lado, el Gobierno nacional propuso un incremento del 11%, lo que llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a $1.580.085 mensuales. Por su parte, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) sugirió un aumento más moderado, entre el 6% y el 7%, lo que ubicaría el salario entre $1.508.910 y $1.523.145. Mientras que las centrales obreras, representadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), solicitaron un alza del 16%, lo que supondría un salario mínimo de $1.880.000, incluyendo el auxilio de transporte.
Dichas propuestas se discuten en medio de una inflación anual del 5,51% y un crecimiento de la productividad del 0,91%, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), mientras la tasa de desempleo se sitúa en 8,2%, la más baja desde 2013-2014.
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La mesa de negociación, instalada de manera formal el 1 de diciembre de 2025, evidencia la polarización entre los distintos sectores. Fenalco, el gremio de los comerciantes, se retiró de la mesa tras rechazar cualquier incremento de doble dígito, lo que confirmó la distancia entre las expectativas empresariales y las demandas sindicales. El Gobierno defiende la necesidad de un aumento importante, mientras que la industria y las pequeñas empresas muestran disposición al diálogo, aunque insisten en la importancia de considerar la capacidad real del sector productivo.

Así las cosas, las cifras de inflación y productividad, junto con los costos de vida y la viabilidad empresarial, se mantienen como los principales parámetros de referencia para la discusión.
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Acuerdo responsable
Desde el ámbito técnico, el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López, resaltó la importancia de mantener la negociación dentro de un marco estrictamente técnico y alejado de intereses electorales. “Lleguen a un acuerdo responsable basado en criterios técnicos”, instó López en diálogo con La FM. De igual manera, recordó que la carta firmada por 140 economistas, líderes gremiales y exministros busca precisamente que la deliberación se fundamente en datos verificables y no en argumentos políticos.
Por eso, enfatizó en que “la discusión debe ser serena y técnica”, y advirtió sobre el riesgo de tomar decisiones improvisadas que no respondan a la realidad económica del país.
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Impacto fiscal
Con relación al impacto fiscal, el experto explicó que el presupuesto aprobado para 2026 asciende a $547 billones y que la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento resulta esencial para respaldar las apropiaciones incluidas en ese monto. De no aprobarse dicha ley, el Ejecutivo tendría que ajustar el presupuesto con una reducción de aproximadamente $16 billones.
“El presupuesto se tiene que reducir”, afirmó López al aclarar que el ajuste no debería alterar el funcionamiento habitual de las finanzas públicas, aunque sí obligaría al Gobierno a definir qué programas serían objeto de modificación. El presidente de Anif insistió en que todas las decisiones deben apoyarse en información verificable y en una deliberación técnica rigurosa.
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Menos trabajadores ganan el salario mínimo
Por otro lado, el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, advirtió sobre los efectos adversos de un alza pronunciada del salario mínimo. En un video difundido en X, el especialista precisó que “1,2 millones de personas pasaron a ganarse menos del mínimo. Eso significa que el número de personas que se ganaba un salario mínimo se redujo en 35%”. Según sus cifras, en 2024, 3,7 millones de personas en Colombia percibían un salario mínimo, pero tras el aumento y la reforma laboral, la cifra descendió a 2,4 millones.
“Hoy 2,4 millones de personas devengan un salario mínimo, pero hay 11 millones de personas que ganan menos del salario mínimo”, indicó. El analista criticó que “cuando subes el mínimo, estás favoreciendo a esos 2,4 millones, pero estás literalmente jodiendo a los 11 millones que ganan menos del mínimo y a los millones de desempleados que hay en el país”.
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Las cifras del Dane y los datos presentados por Toro evidencian un fenómeno preocupante: el aumento del salario mínimo, lejos de beneficiar a la mayoría, impulsó a más trabajadores hacia la informalidad. La reducción de los que ganan el mínimo y el incremento de los que perciben menos de esa cifra reflejan un mercado laboral tensionado, donde la formalidad se vuelve cada vez más difícil de alcanzar para millones de colombianos. La tasa de desempleo, aunque en descenso, convive con una informalidad creciente y con la realidad de que solo una fracción de los trabajadores accede al salario mínimo legal.
De cara a los próximos pasos, tanto López como Toro coinciden en la necesidad de que la negociación se base en criterios técnicos y en un análisis responsable de las consecuencias económicas y sociales de cualquier decisión. El llamado es a evitar la politización del debate y a priorizar el bienestar de la mayoría de los trabajadores, especialmente de aquellos que permanecen en la informalidad o fuera del mercado laboral. La mesa de negociación continuará en los próximos días, con la expectativa de que se logre un acuerdo que equilibre las demandas sociales, la sostenibilidad fiscal y la realidad del empleo en Colombia.
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