Gigantesca casa vinculada al narcotráfico en Bogotá ahora será sede de asociaciones campesinas

La Sociedad de Activos Especiales entregó en Bogotá un inmueble de 300 metros cuadrados en el barrio La Macarena a la Asociación Constructora de Paz y Reconciliación para convertirlo en una tienda cooperativa de café y productos campesinos, una decisión que busca dar uso social a un bien que estuvo vinculado a la comercialización de drogas y alinearlo con la política pública de paz y proyectos productivos del Gobierno de Colombia.

La propiedad perteneció a Mercedes Sierra de Murcia y fue objeto de extinción de dominio en 2014, cuando la justicia determinó que el inmueble tenía vínculos con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización de drogas, por lo que pasó a manos del Estado para su administración y posterior destinación social, según El Tiempo.

La entrega responde a la pregunta sobre el destino del predio: el Estado colombiano lo cedió para instalar la tienda cooperativa Trópicos Frutos de la Esperanza, que venderá café de especialidad y otros productos agrícolas de familias campesinas asociadas a la Federación Mesa Nacional del Café.

De hecho, esta acción forma parte de las acciones incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 del actual gobierno de Colombia.

La iniciativa procura convertir un bien ligado a economías ilegales en una plataforma de economía solidaria y reconciliación local. También apunta a apoyar la construcción de paz y el desarrollo económico de poblaciones afectadas por el conflicto armado.

¿Cómo funcionará la tienda cooperativa?

La tienda funcionará como un punto de comercialización directa y Aspaz pondrá en marcha un modelo de franquicia cooperativa para expandir esos canales, reducir intermediarios, mejorar los ingresos de las familias campesinas y consolidar procesos de economía solidaria.

El objetivo es ampliar el acceso al mercado de sectores históricamente excluidos y consolidar la presencia de productos rurales en la capital, de acuerdo con lo conocido por el medio citado.

El espacio también alojará actividades culturales, procesos pedagógicos y jornadas de promoción del consumo responsable. El espacio alojará actividades culturales, procesos pedagógicos y jornadas de promoción del consumo responsable. Los impulsores del proyecto sostuvieron, según El Tiempo, que esas acciones buscan fortalecer los vínculos entre productores rurales, consumidores y comunidades urbanas.

La presidenta de la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, Amelia Pérez Parra, afirmó al medio citado que: “Desde la SAE seguimos demostrando que es posible transformar bienes que antes estuvieron al servicio de la ilegalidad en oportunidades para las comunidades. Este tipo de entregas aporta directamente a la construcción de paz, al fortalecimiento de la economía popular y al desarrollo sostenible del país”.

Según la organización, esa estrategia permitirá generar empleo y respaldar proyectos liderados por víctimas del conflicto armado, organizaciones de mujeres y firmantes del acuerdo de paz.

El enfoque también busca financiar y sostener iniciativas de desarrollo local y sostenibilidad. La organización prevé hacerlo con participación de productores rurales afectados por el conflicto armado, mediante una plataforma de comercialización directa.

Un inmueble recuperado en Guarne será destinado a un refugio para 146 animales abandonados

El 1 de junio del 2026, la SAE recuperó 32 inmuebles avaluados en $19.500 millones que estaban vinculados a Francisco Javier Piedrahita Sánchez en Antioquia, según informó la entidad el 1 de junio, en una operación que busca desmontar bienes asociados al narcotráfico y al paramilitarismo y que, de acuerdo con la propia sociedad estatal, permitirá destinar parte de esos activos a reparación de víctimas, proyectos sociales y hasta un refugio para 146 animales abandonados.

El proyecto se ejecutará junto con la Alcaldía de Guarne y ofrecerá instalaciones y atención para perros y gatos rescatados en la región, según la entidad.

La operación se efectuó sobre propiedades que seguían ocupadas por particulares pese a estar bajo administración estatal, informó la SAE.

Esos bienes, ubicados en distintas zonas de Antioquia, estaban ligados a procesos de extinción de dominio abiertos por la Fiscalía General de la Nación.

La entidad señaló que, durante la verificación, encontró que los inmuebles continuaban en poder de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahita Sánchez, y de otros familiares. Parte de esos activos, según la SAE, habrían sido subarrendados y habrían generado beneficios económicos para su entorno aun cuando estaban sometidos a medidas judiciales.