Unos 20 millones de trabajadores tendrían problemas con su pensión por decreto del Ministerio de Hacienda, según Asofondos

El reciente anuncio del Ministerio de Hacienda sobre un proyecto de decreto ha generado una fuerte reacción entre los principales gremios del sector pensional en Colombia.

Asofondos y Fasecolda advirtieron que la iniciativa podría tener consecuencias directas sobre la sostenibilidad de las pensiones y la protección de los trabajadores más vulnerables.

Según el comunicado conjunto, la propuesta oficial “desfinanciaría las pensiones de los colombianos”, lo que se traduciría en “menor número de pensionados, pensiones más bajas, y desprotección para las pensiones de invalidez y sobrevivencia”, afirmaron los gremios en su declaración pública.

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El análisis realizado por Asofondos y Fasecolda sostiene que el proyecto modificaría las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, un mecanismo que, hasta ahora, ha permitido que las pensiones de la población más vulnerable crezcan al ritmo del salario mínimo cada año.

“Las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas, porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable, afectando el acceso a las pensiones de cerca de veinte millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (Rais)”, advirtieron los representantes gremiales.

La preocupación central de los gremios radica en el impacto que la medida tendría sobre la cobertura del seguro previsional, un instrumento clave para proteger a quienes enfrentan riesgos de invalidez o fallecimiento.

“Afectará la capacidad de pensionarse. Además, comprometerá la cobertura del seguro previsional frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia, dejando sin protección a millones de trabajadores y pensionados”, señalaron los voceros de las agremiaciones.

Ante este escenario, los gremios hicieron un llamado directo al Gobierno Nacional para que se abran espacios de diálogo técnico.

“Solicitamos al Gobierno Nacional que existan espacios técnicos para discutir las implicaciones del proyecto de decreto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones de los trabajadores y su aseguramiento”, expresaron los representantes de las dos agremiaciones.

La reforma propuesta limitaría de forma significativa el monto de las pensiones, incluso para quienes han acumulado un capital considerable.

Según el documento, una persona con un capital de $446 millones podría obtener, en promedio, una pensión superior a $1.800.000 bajo la normativa actual. Sin embargo, con la modificación planteada, ese mismo trabajador solo accedería a una pensión equivalente al salario mínimo, es decir, $1.423.500, lo que implica una reducción cercana al 30%.

El informe enfatiza que esta disminución no responde a cambios en el esfuerzo de ahorro ni en la historia laboral del afiliado, sino que es consecuencia directa de la nueva regulación. “El deterioro, advierten, no obedece a variaciones en el esfuerzo de ahorro del trabajador ni en su trayectoria laboral, sino exclusivamente a una modificación regulatoria que debilita la capacidad del sistema para reemplazar ingresos en la vejez”, señala el documento enviado por Asofondos y Fasecolda al Ministerio de Hacienda.

Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, advirtió sobre el impacto de la reforma en la seguridad económica de los trabajadores: “Con esta medida, será más difícil acceder a una pensión mínima vitalicia; en consecuencia, menos trabajadores podrán asegurar un ingreso de por vida”, explicó Morales a El Tiempo.

De acuerdo con Asofondos, millones de trabajadores quedarían expuestos ante eventos como accidentes, enfermedades graves o fallecimiento si las aseguradoras dejan de ofrecer estos seguros por el incremento de costos establecido en el decreto.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, resaltó la gravedad de este escenario: “Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”.

La vigencia de los seguros previsionales ha garantizado una cobertura crucial para los trabajadores colombianos frente a circunstancias impredecibles, pero la nueva regulación podría alterar de forma significativa esta realidad.