Posible corrupción, contratos millonarios y pugna política: el Fondo de Adaptación estaría ‘ad portas’ de un nuevo escándalo en Colombia

Una serie de denuncias y movimientos políticos han situado al Fondo de Adaptación, una entidad estatal clave para gestionar proyectos frente al cambio climático y reconstruir zonas afectadas por desastres en Colombia, han puesto en el ojo de la opinión pública una nueva polémica ante el riesgo de que se pueda convertir en un nuevo caso de corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según una investigación publicada por el diario El Espectador, la adjudicación de contratos millonarios y los recientes nombramientos en la entidad han generado sospechas de corrupción y favorecimiento político, involucrando a partidos tanto aliados como opositores al Gobierno de Gustavo Petro.

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El Fondo de Adaptación fue creado tras el fenómeno de La Niña de 2010-2011 para atender emergencias y reconstruir regiones devastadas. Con un presupuesto anual superior a 660.000 millones de pesos y proyectos estratégicos como el de La Mojana, que supera los 1,12 billones, la entidad se ha convertido en un escenario de disputa política y administrativa.

Los altos salarios de sus empleados y la permanencia del Fondo más allá de su objetivo inicial han incrementado su atractivo para diversos sectores políticos, según detalla El Espectador.

Durante la administración de Gustavo Petro, la dirección del Fondo ha estado en manos de figuras de confianza del mandatario, como Javier Pava, Helga Rivas y Carlos Carrillo. También fue gestionado por Olmedo López, protagonista del escándalo de corrupción en la Ungrd, lo que derivó en investigaciones y la fuga de altos funcionarios.

Tras ese episodio, la vigilancia sobre el manejo de los recursos del Fondo se intensificó y, en el segundo semestre de 2025, la Presidencia realizó varios cambios en la gerencia, generando inestabilidad y la aparición de cuotas políticas.

En junio de 2025, la Presidencia propuso a Johan Steven Londoño como gerente, aunque su nombramiento no se concretó por cuestionamientos internos sobre su cercanía con el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Posteriormente, Katherine Rojas Montenegro asumió la gerencia en septiembre de 2025, pero renunció en octubre tras denuncias de presunto favorecimiento a contratistas en el proyecto Ruta del arroz, destinado a reactivar la economía de familias de La Mojana afectadas por inundaciones. Finalmente, la dirección quedó en manos de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura cercana al ministro Armando Benedetti.

La investigación de El Espectador reveló que, pese a los cambios en la gerencia, las designaciones de cargos clave y la adjudicación de contratos han beneficiado a figuras vinculadas a partidos como la Alianza Social Independiente (ASI) y La U.

Londoño, aunque no fue gerente, fue nombrado subgerente de proyectos y, a los pocos días, adjudicó más de una docena de contratos a personas cercanas a su suegra, la senadora Berenice Bedoya, presidenta de la ASI.

Entre los beneficiarios figuran Russell Ramírez, Juan José Poveda Daza, Joaquín Emilio Zapata y Óscar Enrique Bedoya, todos con vínculos políticos y laborales con la senadora y su partido. Los contratos, que oscilan entre 43 y 160 millones de pesos cada uno, han sido objeto de cuestionamientos por su posible relación con el apoyo político en el Congreso.

El alcance de las designaciones no se limita a la ASI. La U, otro partido con influencia en la entidad, también ha visto a sus allegados beneficiados con contratos relevantes. Carmen Yamile Saba, gerente de Estructuración y excandidata de La U, firmó contratos con personas como Óscar Fabián Echeverry y Luis Fernando Mora Mora, ambos con antecedentes en el partido.

Además, la contratación de Jennifer Andrea Kopp Manrique y la adjudicación de un convenio de más de 8.600 millones de pesos al municipio de San Marcos, gobernado por un alcalde avalado por La U, refuerzan la percepción de que la entidad se ha convertido en un botín político.

Las denuncias de corrupción y favorecimiento han llegado a instancias como la Procuraduría y la Fiscalía. Uno de los casos más relevantes involucra el programa Dinámicas hídricas para la ecorregión de La Mojana, con un presupuesto de un billón de pesos.

A finales de 2024, la adjudicación de un contrato de 56.000 millones fue cancelada tras una denuncia de “favorecimiento al proponente”, actualmente bajo investigación de la Fiscalía por presunto direccionamiento desde el comité evaluador del Fondo.

Otro proceso bajo la lupa es el contrato del programa Ruta del arroz, por 36.000 millones, donde, según denuncias del exgerente Carrillo, altos directivos habrían intentado favorecer al contratista para destrabar pagos, pese a incumplimientos.

Las reacciones de los implicados no se han hecho esperar. Berenice Bedoya negó a El Espectador que la ASI tenga cargos en el Gobierno o que haya influido en el nombramiento de Londoño, y consideró natural que sus asesores sean considerados para otros cargos.

Londoño, por su parte, defendió la idoneidad de los contratados y afirmó que su salida del cargo se produjo recientemente. El ministro Benedetti también rechazó la existencia de acuerdos con los partidos mencionados y aseguró que las relaciones con ambos bloques están rotas desde la elección del magistrado Carlos Camargo, además de dudar que respalden la reforma a la salud.

En medio de la controversia, Angie Rodríguez, actual gerente encargada, prepara un informe detallado sobre las posibles irregularidades en los programas y contratos del Fondo, así como sobre los retrasos en las obras que afectan a los habitantes de La Mojana.

Según fuentes consultadas por El Espectador, Rodríguez busca desmantelar los acuerdos políticos y prevenir un nuevo escándalo, mientras la llegada de perfiles más afines al petrismo generan un cambio de rumbo en la entidad.