El representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia, Diego Torres, remitió una carta en la que solicita acciones urgentes frente a amenazas que, según señaló, han aumentado desde el nombramiento del actual rector encargado.
La carta está fechada el 27 de septiembre de 2025 y fue enviada con copia a diferentes autoridades universitarias. En ella, Torres expresó su preocupación por el aumento de intimidaciones contra miembros de la comunidad académica desde el inicio del encargo rectoral. El documento señala que dichas amenazas afectan directamente su integridad y su posibilidad de participar en debates internos sin represalias.
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Entre los apartes del documento, Torres solicitó que se adopten medidas específicas para proteger al profesor José Ismael Peña y a su familia. En la comunicación se lee: “En particular, deseo que le brinde un alto nivel de protección al profesor Ismael Peña y su familia, quienes han empezado a sufrir amenazas ya bien conocidas por la comunidad académica”.
El representante profesoral afirmó que estas intimidaciones están relacionadas con la coyuntura institucional y con la participación de distintos actores universitarios en discusiones recientes sobre la designación de autoridades.
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En el texto se indicó que permitir que estas circunstancias se conviertan en un riesgo para la vida o la libertad de expresión resultaría incompatible con el rol de la institución.
Solicitudes puntuales
El documento incluye cuatro solicitudes concretas dirigidas a la Rectoría. La primera se refiere a una evaluación prioritaria de riesgo para identificar el nivel de amenaza que enfrentan los miembros de la comunidad académica. La segunda plantea la activación de medidas de protección institucional y, si es necesario, la coordinación con entidades del Estado como la Unidad Nacional de Protección o la Fiscalía General de la Nación.
Una tercera solicitud señala la necesidad de iniciar investigaciones internas para determinar si las amenazas provienen de sectores dentro de la propia comunidad universitaria, y la obligación de informar estos hechos a las autoridades competentes. Finalmente, la carta pide la emisión de una declaración pública rechazando el uso de intimidaciones como mecanismo de presión en la institución.
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En el documento, Torres afirmó: “La protección de quienes han sido objeto de intimidación es fundamental para preservar el ambiente de diálogo, respeto y autonomía que debe caracterizar a la Universidad Nacional.” El representante también pidió que las acciones que se tomen sean informadas de manera oportuna.
Petición de prudencia administrativa
Además de la solicitud de protección, el representante profesoral envió el 25 de noviembre de 2025 otra comunicación a Mora, la cual también fue remitida a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República. En ese documento se pidió al rector encargado actuar con prudencia mientras se resuelve la situación jurídica de su designación.
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La carta sostiene que, aunque la presunción de legalidad aplica sobre los actos administrativos, ello no implica que el rector encargado pueda ejecutar decisiones con efectos permanentes mientras subsista incertidumbre jurídica. En la comunicación se indicó que “el Consejo de Estado y la Procuraduría han señalado el riesgo de abusar de esta presunción”,
El documento enumera actuaciones que, según la representación profesoral, no deberían adelantarse en este periodo. Entre ellas se encuentran nombramientos o remociones de personal directivo o docente de alto nivel, decisiones presupuestales relevantes, cambios en la planta de personal, celebración de contratos de gran magnitud y expedición de actos que modifiquen reglamentos o estatutos internos.
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Según la comunicación, estas recomendaciones se sustentan en el principio de buena fe y en la obligación de preservar la estabilidad institucional mientras se clarifican los procedimientos relacionados con la designación del nuevo rector.
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