Consejo de Estado admitió demanda contra la personería jurídica de Progresistas, partido de la senadora María José Pizarro

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca tumbar la decisión con la que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la personería jurídica del partido Progresistas, colectividad promovida por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.

La acción judicial fue presentada por el estudiante de derecho Samuel Ortiz, que pidió la nulidad de la resolución que oficializó el nacimiento del movimiento político tras la escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

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La admisión del recurso ocurrió dos meses después de que el CNE expidiera la resolución 09111 del 3 de septiembre, mediante la cual se inscribió al partido Progresistas en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

El Consejo de Estado notificó de la decisión al CNE, a los representantes legales de Progresistas y del MAIS, así como al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; e indicó que, tras el traslado de la demanda, el expediente será remitido al despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, que deberá decidir sobre una eventual acumulación con otro proceso en curso relacionado con la misma temática.

Origen de la controversia jurídica

El recurso se originó después de que la congresista María José Pizarro, en su calidad de presidenta y representante legal de Progresistas, solicitó al CNE el reconocimiento de la colectividad como resultado de la escisión voluntaria de MAIS. El demandante alegó que la resolución del 3 de septiembre incurrió en una causal de nulidad por desconocer el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que regula los procedimientos de fusión y escisión de los partidos políticos conforme a sus estatutos internos.

Ortiz sostuvo que hubo ausencia de motivación suficiente, señalando que la autoridad electoral habría omitido valorar hechos acreditados relacionados con investigaciones en curso contra MAIS. “Se presentó una violación del principio de legalidad, en tanto el Consejo Nacional Electoral actuó por fuera del marco de sus competencias al reconocer de manera condicionada la personería jurídica cuestionada”, expresó el demandante en el documento presentado.

Dentro del proceso, el CNE ya envió copia de la resolución que reconoció a Progresistas como partido político, además de informar sobre la situación de los procesos sancionatorios abiertos contra el Movimiento Alternativo Indígena y Social.

María José Pizarro denunció “persecución política” por decisión del CNE

La senadora María José Pizarro también se refirió el viernes 28 de noviembre a otra decisión del CNE: la sanción impuesta a la campaña Petro Presidente 2022. La autoridad electoral concluyó, con seis votos a favor y tres en contra, que la campaña excedió los límites legales de financiación por un monto superior a 5.300 millones de pesos.

Frente a esta determinación, Pizarro expresó: “Eso es absolutamente falso. Interesadamente, están mezclando cosas que no van juntas. La campaña Pacto Histórico, las donaciones de los partidos y movimientos que nos apoyaron, son cosas distintas. Su dinero no entró a la campaña Petro Presidente. Por ley, no se deben contabilizar juntos”, afirmó.

La senadora fue contundente al mencionar que la sanción del CNE es una excusa para penalizar al presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y, además, para impedir la unidad del Pacto Histórico en un único Movimiento Político para buscar dividirlos jurídicamente: “Queremos dejarlo absolutamente claro: la democracia en Colombia está en peligro. No puede ser que un organismo, liderado por la oposición, defina por sus intereses políticos el futuro de nuestro país”.

"¡Exigimos que cese la persecución política! No le temen a un hombre, le temen a un pueblo en el poder. Le temen a un segundo gobierno popular”, puntualizó Pizarro.