El Presupuesto de 2026 revela su prioridad: deuda pública y educación absorben la mayor parte del gasto

Aunque la discusión pública se centró en la reforma tributaria, el verdadero pulso del Gobierno pasa por otra cifra que marca el ritmo del debate fiscal, el tamaño del Presupuesto General de la Nación para 2026 y la manera en que será financiado. La hoja de ruta del gasto, aprobada en octubre de 2025 por $530,7 billones, quedó diseñada bajo una premisa que hoy está en entredicho, que el Congreso dé luz verde a la Ley de Financiamiento y permita sumar $16,3 billones adicionales.

En el Ministerio de Hacienda recordaron que el cálculo no es menor. Las cuentas oficiales parten de un escenario de $546,9 billones. Si la tributaria no avanza, la brecha volvería a abrirse y dejaría al país, una vez más, con un presupuesto desfinanciado.

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La estructura del gasto revela por qué el Gobierno insiste en que no hay margen para improvisar. De acuerdo con Hacienda, $358,1 billones, equivalentes al 65,4% del total, están destinados a cubrir los gastos de funcionamiento del Estado, recursos “que tienen por objeto atender las necesidades de operaciones estatales relativas al cumplimiento de sus funciones”. A esto se suman $100,4 billones (18,3%) para el servicio de la deuda—es decir, el pago de obligaciones previas—y $88,4 billones (16,1%) para inversión, “que son los recursos que invierte el Gobierno en políticas públicas e infraestructura para materializar los objetivos de su programa”.

Dentro de esa distribución, cinco sectores concentrarán la mayor parte del presupuesto en 2026. El rubro más voluminoso, el servicio de la deuda pública nacional, recibirá $97,1 billones. Le siguen educación, con $88,2 billones; salud, con $78,1 billones; defensa y Policía, con $65,7 billones; y trabajo, con $56,7 billones. En contraste, rubros como inteligencia ($178.000 millones), ciencia, tecnología e innovación ($380.000 millones) y deporte y recreación ($496.000 millones) continúan entre los que menos recursos obtendrán en el próximo ciclo fiscal.

Mientras tanto, en el Congreso la discusión sobre la Ley de Financiamiento sigue atrapada en su propio laberinto. La sesión convocada para el 26 de noviembre se levantó antes de comenzar por falta de quórum en la Comisión Cuarta de la Cámara. El trámite quedó aplazado para el martes 2 de diciembre, en un ambiente en el que nadie se atreve a afirmar que la reforma logrará sobrevivir.

El proyecto, radicado con la firma de solo 10 congresistas de los 31 que conforman las comisiones económicas de Cámara y Senado, enfrenta un obstáculo mayor en la otra orilla del Capitolio. En el Senado ya se habla de un hundimiento virtual. La razón es que la ponencia de archivo fue suscrita el 21 de noviembre por 10 senadores, una señal política contundente que refleja el desgaste del Ejecutivo y el creciente distanciamiento entre las bancadas que antes respaldaban sus iniciativas.

Entre los firmantes están Efraín Cepeda y Liliana Bitar (Partido Conservador); Juan Carlos Garcés (Partido de la U); Antonio Zabaraín (Cambio Radical); Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal); Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera; y Ciro Ramírez y María Angélica Guerra (Centro Democrático).

Con un presupuesto que depende de una reforma que avanza con tropiezos y una oposición cada vez más cohesionada, el Gobierno de Petro enfrenta un cierre de año marcado por la tensión fiscal. Lo que está en juego no es solo un articulado tributario, sino la viabilidad de las metas de educación, salud, inversión y funcionamiento para el próximo año, además de la credibilidad del Gobierno frente a un Congreso que parece dispuesto a ponerle freno a su agenda.