El Gobierno colombiano creó, mediante un decreto firmado por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, un Comité de Expertos Ad hoc para el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales entre 2019 y 2021.
Este mecanismo, de carácter transitorio, extrajudicial e independiente, funcionará hasta el 31 de julio de 2026 y tiene como propósito documentar, analizar y formular recomendaciones para evitar la repetición de estos hechos.
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La medida ha generado controversia legal y política, incluyendo una demanda ante el Consejo de Estado por supuestas irregularidades en su concepción y alcance, según informó Semana.
De acuerdo con el Comunicado del Ministerio del Interior, “la creación del comité responde a la necesidad de fortalecer la protección del derecho a la protesta pacífica y de cumplir con sentencias de la Corte Suprema de Justicia, así como con recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
El Gobierno sostiene que, pese a la existencia de protocolos previos, persisten desafíos en la documentación de violaciones y en la rendición de cuentas de las autoridades, lo que justifica la implementación de un mecanismo extrajudicial, transitorio e independiente.
Según el decreto oficial, el Comité de Expertos Ad hoc tiene tres objetivos principales: documentar y analizar antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos en el periodo 2019-2021; identificar acciones y omisiones de agentes estatales y particulares que hayan facilitado o tolerado estas vulneraciones; y formular recomendaciones a las instituciones del Estado para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la movilización social.
El comité no tendrá facultades para determinar responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias, y su labor se limitará a la elaboración de informes y recomendaciones dirigidas al presidente de la República y a la Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías para las manifestaciones públicas, según el Comunicado del Ministerio del Interior.
El comité estará integrado por tres personas de reconocida trayectoria ética y profesional en derechos humanos, postuladas por organizaciones sociales de la sociedad civil con experiencia en la defensa de víctimas.
La selección de los integrantes estará a cargo de la Defensoría del Pueblo, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Ministerio del Interior contratará a los miembros del comité y financiará, junto con el Ministerio de Justicia, un equipo técnico de nueve personas. El informe final del comité será presentado públicamente por el presidente de la República a través de diversos canales de comunicación, conforme a lo dispuesto en el decreto.
La publicación del decreto ha suscitado una fuerte reacción de sectores militares y figuras políticas simpatizantes con el expresidente Iván Duque y su periodo como dirigente, precisamente, en el que ocurrió el llamado estallido social en contra de la reforma tributaria de su gobierno, como el exministro de Defensa Diego Molano, quienes consideran que la medida constituye un abuso de poder y una violación directa a la Constitución.
Los demandantes argumentan que el Ejecutivo estaría intentando crear una “nueva JEP” con atribuciones inconstitucionales para investigar a miembros de la fuerza pública.
“No podemos permitir que, bajo el pretexto de ‘esclarecer’ los hechos, se intente, sin competencia legal alguna, fabricar responsabilidades políticas o jurídicas a quienes, con valentía y determinación, protegieron la democracia y garantizaron la supremacía de la Constitución durante los disturbios de 2019 y 2021”, afirmaron los demandantes en declaraciones recogidas por Semana.
La demanda presentada ante el Consejo de Estado sostiene cuatro argumentos principales: presunta usurpación del poder judicial, ataque a la privacidad y al debido proceso, desconocimiento de la presunción de inocencia y daño al honor de la fuerza pública.
Los opositores insisten en que el Ejecutivo carece de autoridad para investigar y sancionar, funciones que corresponden exclusivamente a la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces.
Además, critican la obligación impuesta a todas las entidades del Gobierno de colaborar con la entrega de información al comité, interpretándola como una amenaza al derecho a la defensa y a la protección de datos personales.
El Comunicado del Ministerio del Interior detalla que el decreto se fundamenta en el cumplimiento de la sentencia STC7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la adopción de medidas para conjurar, prevenir y sancionar la intervención violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones.
Asimismo, se apoya en el Decreto 003 de 2021, que estableció el protocolo de reacción y verificación del uso de la fuerza estatal.
El Gobierno subraya que la creación del comité responde a “obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”, y que su carácter extrajudicial busca aportar a la verdad, la memoria y la no repetición, sin invadir competencias judiciales.
El Ministerio del Interior reconoce el papel de más de 30 organizaciones de familiares, víctimas y defensores de derechos humanos que han impulsado iniciativas para la documentación de casos y la visibilización de violaciones durante el estallido social.
Estas organizaciones han solicitado la creación de una comisión de la verdad que analice a fondo los hechos ocurridos entre 2019 y 2021, con énfasis en la contextualización de las lógicas de opresión y resistencia, la identificación de formas de represión estatal y la promoción de los derechos a la verdad, la justicia y la memoria colectiva.
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