
Los habitantes del Meta y de la capital conocen bien la escena, una lluvia intensa, un mensaje de alerta en redes sociales y, poco después, un anuncio oficial sobre el cierre de la vía al Llano. Lo que para muchos pasajeros es una molestia ocasional, para transportadores y comerciantes representa pérdidas millonarias y una incertidumbre que parece no dar tregua. La carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio, pese a su importancia para el abastecimiento del centro del país, sigue siendo una de las más vulnerables ante las inestabilidades del terreno.
La concesionaria Coviandina aprovechó el Congreso Nacional de Infraestructura para explicar cómo cambió el comportamiento de la montaña y por qué los constantes derrumbes no pueden atribuirse únicamente a la calidad de las obras recientes. Su lectura del corredor señaló que buena parte de los tramos críticos corresponden a sectores históricos, intervenidos durante décadas, donde coinciden fallas geológicas, ocupación informal y sistemas de drenaje improvisados.
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Uno de los puntos que más insistió la concesionaria tiene que ver con la forma en que las actividades humanas afectaron la ladera. Según su diagnóstico, a lo largo de la vía existen captaciones artesanales, mangueras instaladas sin permisos, reservorios sin impermeabilizar y caminos veredales carentes de manejo de aguas. Todo esto, sumado a pozos sépticos que infiltran residuos al subsuelo, incrementa la saturación del terreno y acelera los deslizamientos que obligan a cerrar la carretera cada vez con mayor frecuencia.
A ello se añade que varios Planes de Ordenamiento Territorial han permitido desarrollos urbanos y agrícolas en zonas de pendiente pronunciada, presionando taludes que ya venían debilitados. La combinación de usos del suelo sin control y un régimen de lluvias cada vez más intenso convirtió ciertos puntos del corredor en focos permanentes de emergencia.
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Aunque muchos usuarios apuntan al diseño de la vía o a supuestos errores en su construcción, Coviandina fue enfática en señalar que las inestabilidades actuales no se relacionan con fallas de las obras de los concesionarios. Los derrumbes más graves, sostuvo, se concentran en sectores construidos originalmente por Invías, donde las intervenciones acumuladas durante años han dejado una ladera frágil y difícil de estabilizar sin inversiones profundas.

El otro gran reclamo que rodea a la vía tiene que ver con los peajes. Tres estaciones, Boquerón, Naranjal y Pipiral, financian buena parte de la operación del corredor, lo que generó críticas sobre el destino real de esos recursos. Coviandina respondió que el recaudo es la única fuente de ingresos del proyecto y que se utiliza para pagar administración, operación y mantenimiento, tareas que, debido al estado de la montaña, se realizan casi de manera continua.
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La concesionaria también se refirió a la percepción de que el proyecto fue entregado sin un proceso de selección abierto o que solo se adjudicó lo más rentable. Para contextualizar, presentó una línea de tiempo: desde 1994, la carretera está dividida en tres tramos. El tercero, entre Chirajara y el parque Los Fundadores, fue desarrollado como iniciativa privada, financiado por el concesionario y recuperado mediante peajes. La Agencia Nacional de Infraestructura eligió esa propuesta por considerarla superior a la alternativa pública existente. Desde noviembre de 2019, Coviandina tiene a su cargo la operación de todo el corredor.
En cuanto a los riesgos, la empresa recordó que estos no fueron definidos por ella, sino por el Estado, siguiendo los lineamientos del documento Conpes para los proyectos 4G. La minuta contractual, añadió, fue establecida por la ANI.
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Con este panorama, la concesionaria propuso una salida que, a su juicio, permitiría avanzar hacia soluciones más sólidas, la creación de una gerencia especializada para la vía al Llano. Esa figura coordinaría esfuerzos técnicos, aseguraría inversiones de largo plazo y articularía a todos los actores involucrados. En palabras de Coviandina, los desafíos del corredor requieren “inversiones significativas, estudios rigurosos y coordinación técnica”, tareas que hoy están repartidas entre múltiples entidades y dificultan una respuesta integral.
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