La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tras comprobar que Juliana Guerrero, entonces secretaria ejecutiva del despacho del ministro Armando Benedetti, utilizó un avión y un helicóptero de esa institución para desplazarse a actividades ajenas a sus funciones oficiales.
El organismo de control concluyó que los viajes no tenían sustento misional y fueron empleados para asistir a reuniones internas de la Universidad Popular del Cesar (UPC), lo que configuró un uso indebido de recursos públicos.
PUBLICIDAD
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
El informe, basado en las pesquisas realizadas en el marco del Convenio 400-2025 entre Mininterior, Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, establece que las aeronaves fueron autorizadas para operar los días 19 y 20 de junio de 2025 en las rutas Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar.
Según la Contraloría, el desplazamiento tuvo una única finalidad: garantizar la presencia de Guerrero en la sesión del Consejo Superior de la UPC, en su calidad de representante del presidente Gustavo Petro en ese órgano colegiado.
La investigación determinó que la actividad no guardaba relación con las funciones propias del Ministerio del Interior, razón por la cual se configuró un uso irregular de aeronaves oficiales.
PUBLICIDAD
El documento advierte que el convenio solo autoriza vuelos para apoyar “actividades misionales” del Ministerio, así como funciones estrictamente relacionadas con la seguridad y el orden público. Ninguna de esas condiciones se cumplía en el caso de Guerrero.
De acuerdo con el reporte, el gasto total en combustible para los vuelos ascendió a $213.548.069,50, lo que constituye una “mengua del patrimonio público” producto de una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, expresión que la Contraloría reserva para casos donde se comprometen recursos estatales sin justificación técnica ni administrativa.
La entidad concluyó que la autorización del viaje no solo fue irregular, sino que derivó en un perjuicio directo para el convenio interinstitucional.
La polémica comenzó cuando la revista Cambio reveló que Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero viajaron a Valledupar y luego a Aguachica en aeronaves policiales, pese a que solo una de ellas tenía un vínculo formal con la UPC y ninguna tenía razones de seguridad que justificaran el uso de transporte reservado para misiones especiales.
PUBLICIDAD
El medio citado documentó que el objetivo real del desplazamiento era participar en maniobras internas para modificar los estatutos de la universidad y permitir la eventual continuidad del rector Rober Romero o la eventual postulación de un aliado político de las hermanas.
Los registros de vuelo verifican que el 19 de junio, a las 9:47 p. m., las hermanas llegaron a Valledupar en un avión PNC-0242. Y al día siguiente, a las 8:00 a. m., abordaron un helicóptero Bell 212 PNC-0495 hacia Aguachica, donde se realizó la sesión del Consejo Superior. Ese mismo día regresaron a Valledupar a las 3:00 p. m..
PUBLICIDAD
La Contraloría subraya que estos trayectos fueron autorizados bajo la figura de una supuesta “misión secreta”, presentada por Guerrero ante el Ministerio, pese a que en realidad respondían a una agenda personal y universitaria.
Consultado por Cambio, el ministro Benedetti aseguró que autorizó el vuelo porque Juliana Guerrero —de solo 22 años— le había informado que la operación respondía a un asunto reservado de seguridad nacional.
“Ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta… Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad”, declaró. El ministro reconoció que debía investigar la situación y fue enfático en afirmar que la funcionaria no tenía la facultad de solicitar aeronaves a discreción.
PUBLICIDAD
La investigación periodística también permitió establecer que en los desplazamientos participaron personas ajenas a la misión oficial, entre ellos amigos, asesores y miembros del círculo de confianza de las hermanas Guerrero, como René Segundo Hernández y José Carlos Pérez Yancy, ambos con intereses políticos dentro de la UPC.
Esto reforzó el argumento de que el uso de los recursos estatales “carecía de todo fundamento operacional”.
La Contraloría concluyó que el Ministerio del Interior violó los términos del convenio al permitir que una funcionaria empleara recursos de alta sensibilidad operativa —como un helicóptero Bell 212— para fines distintos a los previstos contractualmente.
PUBLICIDAD
El organismo remitió el hallazgo a la Procuraduría, al considerar que la conducta podría constituir falta disciplinaria tanto para Guerrero como para quienes autorizaron el desplazamiento.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Carlos Antonio Vélez explicó por qué la anotación de Jackson Martínez con Independiente Medellín no debió ser válida: “Es un gol ilegal”
El delantero colombiano regresó al fútbol profesional después de seis años en el retiro y lo hizo con un tanto sobre el final del partido ante Alianza de Valledupar que dejó al Poderoso al borde de la clasificación
Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional - en vivo HOY: siga aquí el partido de la fecha 17 de la Liga BetPlay sin James Rodríguez
El estadio Américo Montanini será el escenario en donde se enfrenten dos de los mejores equipos del semestre en el fútbol colombiano y que marcará la disputa por el punto invisible en los cuadrangulares semifinales
“Yo no endeudé a Colombia”: Petro se ‘lavó las manos’ ante las denuncias por incremento de deuda pública que hizo José Manuel Restrepo
El expresidente cuestionó las cifras presentadas por el vicepresidente sobre el deterioro de las finanzas públicas y señaló a Iván Duque como responsable del incremento del endeudamiento. La disputa se da en medio de las advertencias sobre una posible crisis fiscal en 2027
Abelardo de la Espriella mostró que es bueno con las armas y fue criticado: así quedó en video durante simulacro de rescate de rehén en Tolemaida
El jefe de Estado fue cuestionado por compartir el momento en que hizo uso de armas de fuego, sobre todo por el atentado en Planadas (Tolima), que dejó cuatro muertos, entre ellos una bebé de dos meses
Restaurantes en Colombia estarían al borde del cierre: 6.500 negocios podrían desaparecer por alza de costos y nuevos impuestos
La reducción de clientes, el encarecimiento de los alimentos y el aumento de los gastos laborales tienen contra las cuerdas a los empresarios gastronómicos; Acoga advierte que la crisis ya afecta miles de empleos formales
