Juliana Guerrero está bajo investigación por viajes en aviones de la Policía: podría ir a juicio por “responsabilidad fiscal”

La Contraloría General de la República volvió a rectificar el hallazgo significativo relacionado con el uso de recursos públicos por un monto de $213.548.069,50. Esta denuncia está vinculada al Ministerio del Interior, que encabeza Armado Benedetti, y específicamente a los vuelos efectuados por la Policía Nacional con fines no justificados, destinados a un evento al que asistió la polémica joven Juliana Guerrero, funcionaria de la misma entidad.

Según el informe emitido, los vuelos se realizaron bajo el convenio 400-2025 para servicios aéreos, pero no estaban relacionados con actividades oficiales, lo que generó dudas sobre el destino final de los recursos involucrados.

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Juliana Guerrero es investigada por el uso indebido de aeronaves de la Policía Nacional para fines personales, luego de protagonizar otro escándalo por su falta de experiencia y educación; aun así trabajaba en el Gobierno de Gustavo Petro, como una aliada de Armando Benedetti y el mismo presidente.

Las aeronaves involucradas incluyeron un ATR-42 y helicópteros Bell-212. Además, se reveló que en algunos vuelos participó su hermana, que no tiene vínculo con el Ministerio del Interior.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, fue enfático al señalar que este tipo de gastos no pueden ser considerados como una gestión fiscal eficiente. De acuerdo con la entidad, se destacó que los vuelos —realizados el 19 y 20 de junio de 2025— fueron registrados como parte de una “reunión comunidad”, cuando en realidad el propósito real era la asistencia de Guerrero a una reunión en calidad de miembro del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar.

El contralor General habló de la importancia de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos en todos los niveles del Gobierno nacional: “Quiero aprovechar esta oportunidad para llamar la atención a todas las entidades frente a que cuando se suscriben convenios, estos deben ser dentro del marco de las facultades y funciones propias de lo que eventualmente se haya concebido para el desarrollo de las actividades y proyectos”.

El contralor explicó que, una vez identificado un hallazgo como este, el proceso podría seguir tres caminos: “En primer lugar, la responsabilidad fiscal podría ser devuelta si no existe el fundamento suficiente para seguir adelante”.

“En segundo lugar, podría determinarse una indagación preliminar; y en tercer lugar, si los hechos son suficientemente graves, se abriría un juicio de responsabilidad fiscal, lo que implicaría un procedimiento formal para investigar la posible responsabilidad de los implicados”, señaló Rodríguez.

Según los documentos compartidos por la Contraloría, la justificación de estos gastos es insuficiente y no cumple con los parámetros establecidos para la utilización de recursos públicos.

A través de su cuenta oficial en X, la entidad publicó un mensaje donde explicaba que el hallazgo tiene una “connotación fiscal y presunta incidencia disciplinaria”. En el mensaje, la institución fiscalizadora indicaba que los vuelos aéreos no estaban alineados con las actividades misionales del Ministerio del Interior, lo que configura una “gestión fiscal ineficiente, ilícita e incompleta”.

Esta afirmación se basa en la Ley 610 de 2000 y el Decreto 403 de 2020, los cuales regulan la correcta utilización de los recursos públicos y establecen las sanciones correspondientes por su uso indebido.

En su notificación oficial, la Contraloría detalla que los vuelos fueron parte de desplazamientos que no fueron autorizados por los supervisores contractuales; la evidencia presentada por el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sirese) reveló que durante mayo, junio y agosto de 2025, se realizaron desplazamientos aéreos en las regiones de Cesar, Magdalena y la capital, pero los informes no justifican la necesidad de los mismos para las actividades del proyecto “atención al Pueblo embera”, que originalmente debía prestar servicios de acuerdo con los términos del convenio firmado.

De hecho, los pagos y desplazamientos no estaban relacionados con el objeto contractual, lo que llevó a la Contraloría a emitir un hallazgo fiscal por un valor de $213 millones.

Notificación formal de la Contraloría

En la comunicación enviada al Ministerio del Interior, la Contraloría detalló que el valor de los desplazamientos aéreos era, en efecto, un gasto no justificado y no relacionado con las actividades misionales de la entidad.

La carta oficial, dirigida a la secretaria general del Ministerio del Interior, Nancy Stella Patiño León, indica que el hallazgo afecta directamente la ejecución presupuestal del Ministerio. La Contraloría solicitó la suscripción de un plan de mejoramiento dentro de un plazo de diez días hábiles, con el fin de subsanar las observaciones planteadas y evitar futuras irregularidades.

La notificación también aclara que el caso será trasladado a la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, que tomará las acciones necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes.