La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal por más de 213 millones de pesos contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, tras comprobar que Juliana Guerrero, entonces secretaria ejecutiva del despacho del ministro Armando Benedetti, utilizó un avión y un helicóptero de esa institución para desplazarse a actividades ajenas a sus funciones oficiales.
El organismo de control concluyó que los viajes no tenían sustento misional y fueron empleados para asistir a reuniones internas de la Universidad Popular del Cesar (UPC), lo que configuró un uso indebido de recursos públicos.
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El informe, basado en las pesquisas realizadas en el marco del Convenio 400-2025 entre Mininterior, Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, establece que las aeronaves fueron autorizadas para operar los días 19 y 20 de junio de 2025 en las rutas Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar.
Según la Contraloría, el desplazamiento tuvo una única finalidad: garantizar la presencia de Guerrero en la sesión del Consejo Superior de la UPC, en su calidad de representante del presidente Gustavo Petro en ese órgano colegiado.
La investigación determinó que la actividad no guardaba relación con las funciones propias del Ministerio del Interior, razón por la cual se configuró un uso irregular de aeronaves oficiales.
El documento advierte que el convenio solo autoriza vuelos para apoyar “actividades misionales” del Ministerio, así como funciones estrictamente relacionadas con la seguridad y el orden público. Ninguna de esas condiciones se cumplía en el caso de Guerrero.
De acuerdo con el reporte, el gasto total en combustible para los vuelos ascendió a $213.548.069,50, lo que constituye una “mengua del patrimonio público” producto de una “gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica”, expresión que la Contraloría reserva para casos donde se comprometen recursos estatales sin justificación técnica ni administrativa.
La entidad concluyó que la autorización del viaje no solo fue irregular, sino que derivó en un perjuicio directo para el convenio interinstitucional.
La polémica comenzó cuando la revista Cambio reveló que Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero viajaron a Valledupar y luego a Aguachica en aeronaves policiales, pese a que solo una de ellas tenía un vínculo formal con la UPC y ninguna tenía razones de seguridad que justificaran el uso de transporte reservado para misiones especiales.
El medio citado documentó que el objetivo real del desplazamiento era participar en maniobras internas para modificar los estatutos de la universidad y permitir la eventual continuidad del rector Rober Romero o la eventual postulación de un aliado político de las hermanas.
Los registros de vuelo verifican que el 19 de junio, a las 9:47 p. m., las hermanas llegaron a Valledupar en un avión PNC-0242. Y al día siguiente, a las 8:00 a. m., abordaron un helicóptero Bell 212 PNC-0495 hacia Aguachica, donde se realizó la sesión del Consejo Superior. Ese mismo día regresaron a Valledupar a las 3:00 p. m..
La Contraloría subraya que estos trayectos fueron autorizados bajo la figura de una supuesta “misión secreta”, presentada por Guerrero ante el Ministerio, pese a que en realidad respondían a una agenda personal y universitaria.
Consultado por Cambio, el ministro Benedetti aseguró que autorizó el vuelo porque Juliana Guerrero —de solo 22 años— le había informado que la operación respondía a un asunto reservado de seguridad nacional.
“Ella me había dicho que el viaje era para una misión encomendada y secreta… Juliana nunca me informó que ese traslado era para asistir a una reunión en una universidad”, declaró. El ministro reconoció que debía investigar la situación y fue enfático en afirmar que la funcionaria no tenía la facultad de solicitar aeronaves a discreción.
La investigación periodística también permitió establecer que en los desplazamientos participaron personas ajenas a la misión oficial, entre ellos amigos, asesores y miembros del círculo de confianza de las hermanas Guerrero, como René Segundo Hernández y José Carlos Pérez Yancy, ambos con intereses políticos dentro de la UPC.
Esto reforzó el argumento de que el uso de los recursos estatales “carecía de todo fundamento operacional”.
La Contraloría concluyó que el Ministerio del Interior violó los términos del convenio al permitir que una funcionaria empleara recursos de alta sensibilidad operativa —como un helicóptero Bell 212— para fines distintos a los previstos contractualmente.
El organismo remitió el hallazgo a la Procuraduría, al considerar que la conducta podría constituir falta disciplinaria tanto para Guerrero como para quienes autorizaron el desplazamiento.
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