
El general Juan Miguel Huertas, reincorporado en julio de 2025 al Ejército Nacional de Colombia para liderar el Comando de Personal (Coper), compartió el lunes 24 de noviembre una misiva ante las acusaciones que lo señalan por supuestos nexos con las estructuras de alias Calarcá.
De acuerdo con los señalamientos en su contra, el general habría entregado información sensible de las Fuerzas Militares a integrantes de las disidencias de las Farc. El oficial negó la versión y afirmó que todo corresponde a una ofensiva que afecta su nombre y su carrera dentro de la institución.
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Huertas expresó que los datos difundidos no tienen sustento claro, por lo que el oficial afirmó que varios sectores buscan crear una imagen falsa sobre su labor en la fuerza pública: “Rechazo de manera tajante, categóricamente, y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas al margen de la ley”.

Sobre los señalamientos de colaboración o “movilidad” con estas estructuras, Huertas aseguró que jamás participó en reuniones, acuerdos o contactos con grupos ilegales. Aseveró en su carta dirigida a la opinión pública que, incluso como oficial en retiro, no tenía mando ni autoridad operativa para influir en acuerdos de esa naturaleza, los cuales son competencia exclusiva de comandantes con capacidad de operación militar asignada.
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Huertas calificó como infundadas las afirmaciones divulgadas recientemente en un especial periodístico, al señalar que “carecen de soporte probatorio fundado, presentan verdades a medias y omiten datos y hechos verificables que tienden a desinformar y desorientar a la opinión pública”.
Sobre los señalamientos que apuntan a su supuesta colaboración o “movilidad” con las disidencias de las Farc, el general fue enfático: “Niego enfáticamente cualquier señalamiento sobre mi ‘movilidad’ o ‘protección’ en el pasado derivada de acuerdos, pactos o acompañamientos con estructuras criminales de cualquier naturaleza. Toda mi trayectoria profesional como oficial activo y en condición de retiro se ha enmarcado estrictamente dentro del cumplimiento de la ley y bajo los principios y valores institucionales del Ejército Nacional de Colombia”.
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Respecto a supuestas reuniones en Venezuela con excombatientes, el general las calificó como “absolutamente falsas” y aclaró que cualquier viaje al exterior ha sido de carácter personal o académico. Reiteró que grabaciones, testimonios o mensajes difundidos que lo relacionan con estas versiones carecen de autenticidad y fueron descontextualizados.
El general explicó que, como oficial en retiro, “sin mando, sin tropa, sin jurisdicción y sin autoridad operativa, no puedo, bajo ninguna circunstancia, incidir en acuerdos de esa naturaleza, los cuales corresponden exclusivamente a comandantes de unidades con capacidad de operación militar asignada”.
Huertas señaló que toda su trayectoria estuvo marcada por el respeto a la Constitución, las leyes y la ética institucional, sin nunca ser investigado o requerido por autoridad judicial o disciplinaria: “Mi única motivación profesional siempre ha sido la defensa y el servicio a Colombia, orientado bajo principios de legalidad, lealtad, respeto a la dignidad humana y absoluta transparencia”.
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Este es el escándalo en torno al general Juan Miguel Huertas por supuestos nexos con disidencias de las Farc
La situación en torno al general Juan Miguel Huertas, ex jefe del Comando de Personal del Ejército Nacional, escaló a un escándalo nacional tras una investigación periodísticos de Noticias Caracol, en la noche del 23 de noviembre, que reveló chats, correos y documentos incautados a la disidencia liderada por alias Calarcá.
Según el informe, los archivos vincularían a Huertas y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con la estructura armada ilegal.
Entre las supuestas irregularidades se mencionan la creación de empresas fachada para facilitar movilidad de armas y guerrilleros, protección en retenes y puestos de control, contactos en la Presidencia de la República para garantizar desplazamientos sin controles, y entrega de códigos de frecuencias y contactos que permitirían conocer operaciones militares en curso.
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Frente a las acusaciones, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría y las Fuerzas Militares anunciaron investigaciones internas y formales para esclarecer los hechos. Cabe destacar que el organismo que lidera Luz Adriana Camargo conocía los dispositivos electrónicos incautados desde julio de 2024, lo que provocó cuestionamientos sobre la aparente inacción judicial.
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