La Misión de Observación Electoral presentó su reporte más reciente sobre los riesgos que enfrentará el país durante el proceso electoral de 2026, un análisis que evidencia un incremento en los hechos de violencia contra distintos liderazgos territoriales.
La directora de la organización, Alejandra Barrios, explicó que este balance corresponde al periodo más reciente de seguimiento y coincide con el inicio de la inscripción de candidaturas, una fase considerada clave para anticipar presiones y amenazas que puedan incidir en las próximas jornadas democráticas.
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Según la entidad, el corte realizado el pasado 8 de noviembre muestra un total de 369 hechos de violencia, distribuidos entre 215 acciones contra liderazgos políticos, 104 contra liderazgos sociales y 50 contra liderazgos comunales.
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Barrios explicó que esta cifra refleja una tendencia creciente respecto a ciclos electorales anteriores, al tiempo que subraya la urgencia de adoptar medidas de prevención y protección diferenciadas.
Para la organización, la persistencia de estos ataques afecta directamente la participación política y compromete la garantía de condiciones básicas para el ejercicio democrático en diversas regiones.
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El informe destaca que la mayor concentración de alertas se registra en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Antioquia en zona fronteriza, Norte de Santander y la ciudad de Bogotá.
Estas áreas presentan dinámicas complejas derivadas de la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y presiones ejercidas sobre comunidades y organizaciones políticas.
La MOE señala que estas condiciones generan un escenario donde la inscripción de candidaturas y la campaña electoral podrían desarrollarse en medio de riesgos considerables que requieren acciones oportunas por parte de las autoridades nacionales y territoriales.
Barrios indicó que la organización ha identificado una concentración particular de hechos de violencia dirigidos contra integrantes del Centro Democrático y del Partido Conservador, lo que exige medidas especiales de protección para estas colectividades.
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Según explicó, esta situación evidencia que los riesgos no se distribuyen de manera homogénea entre todas las fuerzas políticas, lo que obliga a analizar el contexto de cada territorio para definir rutas de intervención más efectivas.
La MOE considera necesario evitar que estas dinámicas influyan de manera directa en la competencia electoral, especialmente en zonas donde las condiciones de seguridad son más inestables.
La directora también detalló que los hechos registrados se relacionan con la operación de distintas estructuras armadas ilegales.
En el departamento de Arauca, por ejemplo, se mantiene presencia de disidencias, mientras que en los Montes de María se ha identificado actividad de grupos vinculados al Clan del Golfo y otras estructuras paramilitares.
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En algunos de estos territorios, explicó Barrios, se han detectado presiones hacia organizaciones políticas como Colombia Humana o la Unión Patriótica, lo que ha derivado en denuncias de amenazas, restricciones a la movilidad y mensajes intimidatorios.
El seguimiento realizado por la MOE integra información proveniente de denuncias registradas ante la Fiscalía General de la Nación, reportes de la Defensoría del Pueblo, comunicaciones de instituciones gubernamentales y hechos difundidos por medios de comunicación.
Sin embargo, Barrios advirtió que no todas las situaciones llegan formalmente a las instancias correspondientes, lo que puede limitar la implementación de medidas de protección.
Para la organización, es fundamental que los partidos y las víctimas presenten sus casos ante las comisiones de seguimiento electoral a fin de garantizar respuestas más efectivas.
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La entidad llamó la atención sobre el impacto que esta situación puede tener en la logística electoral. Los riesgos podrían exigir el traslado de mesas y puestos de votación en zonas rurales donde la presencia de grupos armados ilegales impide garantizar condiciones de seguridad adecuadas.
Esta circunstancia, explicó Barrios, puede afectar el acceso a la jornada de votación y limitar la participación ciudadana en territorios históricamente afectados por la violencia.
La MOE reiteró que la protección del proceso electoral requiere coordinación entre entidades nacionales, autoridades locales, organismos de control y organizaciones políticas.
Finalmente, la directora enfatizó que el riesgo principal no proviene únicamente de la confrontación directa entre grupos armados, sino de la forma en que estas estructuras intentan influir en las dinámicas institucionales.
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La presencia de actores ilegales en zonas rurales y urbanas continúa siendo un factor que condiciona la inscripción de candidaturas, la movilidad de líderes, la instalación de puestos de votación y el ejercicio libre de la política.
La MOE insistió en que se deberán fortalecer las estrategias de prevención para evitar que la violencia incida en los resultados de un proceso electoral determinante para el futuro institucional del país.
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