La Defensoría del Pueblo solicitó al Congreso de la República que acelere el proceso legislativo para aprobar el proyecto de ley que establecerá los procedimientos y competencias de la jurisdicción agraria y rural.
Esta petición responde a la persistente ausencia de una justicia especializada que atienda las necesidades de miles de campesinos, comunidades étnicas, víctimas y mujeres rurales, que continúan sin acceso a mecanismos eficaces para resolver disputas relacionadas con tierras, propiedad, linderos, ocupación, cultivos, pesca y decisiones administrativas en el ámbito agrario.
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En el documento difundido por la Defensoría del Pueblo, se subraya que la jurisdicción agraria constituye “un acto de justicia con el campo”.
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El texto destaca que esta jurisdicción fue contemplada en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz y adquirió rango constitucional a través del Acto Legislativo 03 de 2023.
Además, la Corte Constitucional la declaró exequible mediante la Sentencia C-340 de 2025. Según la Defensoría, la falta de definición sobre los órganos competentes ha generado “años de espera e incertidumbre”, exponiendo a las comunidades rurales a situaciones de despojo, competencia indebida, inestabilidad jurídica, violencias y la necesidad de recurrir a la autoprotección armada.
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La Defensoría enfatizó la urgencia de que el Congreso adelante los dos debates restantes para la aprobación del proyecto de ley, con el objetivo de que la nueva jurisdicción pueda implementarse en el año 2025.
El organismo propuso que, una vez aprobada la ley, se pongan en funcionamiento 400 despachos y 24 tribunales agrarios, junto con los órganos administrativos correspondientes.
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“Promulgamos la imperiosa necesidad de que el proyecto de ley sea aprobado este mismo semestre y puestos en marcha en el año 2025 los 400 despachos y 24 tribunales agrarios, así como los órganos administrativos de la jurisdicción”, señala el comunicado de la Defensoría del Pueblo.
La institución reiteró que la creación de esta jurisdicción es fundamental para garantizar una justicia “especializada, cercana y eficaz” que brinde respuestas a los conflictos por la tierra, la productividad, el uso de recursos naturales y los derechos de las poblaciones rurales.
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La indefinición actual, según la Defensoría, ha incrementado la vulnerabilidad de estos sectores, que enfrentan graves riesgos y carecen de estabilidad jurídica ante la ausencia de un sistema judicial adecuado.
Congreso mantiene bloqueada la Jurisdicción Agraria pese a presión social
El avance de la Jurisdicción Agraria y Rural en el Congreso de la República permanece bloqueado, a pesar de la presión creciente para que se convierta en una herramienta efectiva de la reforma rural y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.
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La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que la falta de esta jurisdicción especializada mantiene en suspenso miles de casos vinculados a la adjudicación de baldíos, la formalización de títulos, la extinción de dominio y los conflictos por el uso de tierras, lo que obstaculiza la transformación agraria pactada en el proceso de paz.
Aunque la Jurisdicción Agraria fue creada por ley hace más de dos años, su implementación real sigue sin materializarse. No existen jueces designados, despachos habilitados ni procesos en curso, lo que configura un vacío institucional que impide resolver los litigios rurales y avanzar en la entrega de tierras a campesinos.
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El proyecto de ley que busca reglamentar esta estructura judicial fue aprobado en comisiones conjuntas en diciembre de 2024, pero su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes avanza con extrema lentitud. En el Senado, la iniciativa ni siquiera ha sido incluida en la agenda próxima.
La sesión del martes 18 de noviembre en la Cámara de Representantes ilustró el estancamiento legislativo: el debate solo alcanzó a tratar diez impedimentos procedimentales antes de que sectores de oposición, en particular el uribismo y Cambio Radical, abandonaran el recinto y rompieran el quórum necesario para continuar las votaciones. Esta maniobra interrumpió cualquier posibilidad de avance sustantivo en la discusión del articulado.
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El representante ponente Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, expresó su esperanza de que la aprobación del proyecto pueda acelerarse. No obstante, Becerra criticó la estrategia de la oposición de retirarse del debate, señalando que esta actitud impide una discusión activa y constructiva sobre el contenido de la reforma.
La urgencia de la Jurisdicción Agraria radica en su carácter de pieza clave para la materialización de la entrega de tierras y la resolución de disputas rurales, elementos centrales para la consolidación de la paz en el país.
Sin embargo, tras más de tres semanas de discusión en el Congreso, el proyecto no ha registrado avances significativos, lo que prolonga la parálisis institucional y la incertidumbre para miles de familias campesinas.
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