Petro cuestionó decisión de la Procuraduría contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero: “No puede”

El presidente Gustavo Petro criticó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender durante seis meses al exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por presunta participación en política.

Petro insistió que “las autoridades administrativas no pueden suspender derechos políticos”.

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Y es que el organismo de control ratificó en segunda instancia tanto la suspensión como la inhabilidad para ejercer cargos públicos, medida que también afecta la precandidatura presidencial de Quintero.

La sanción impuesta se relaciona con la publicación del video conocido como “el cambio en primera”, difundido por Quintero durante su mandato en la capital antioqueña. De acuerdo con la Procuraduría, el contenido del mensaje evidencia un apoyo explícito de Quintero al entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego en mayo de 2022. El ente sostuvo que esta actuación constituyó una falta debido a la prohibición legal de participación en política para los funcionarios públicos.

Detalles de la decisión de la Procuraduría

La Procuraduría ratificó la suspensión e inhabilidad por seis meses para ejercer cargos públicos y participar en política a Daniel Quintero y le impuso una multa que asciende a cerca de $100 millones.

Según lo confirmado en la decisión anunciada el viernes 21 de noviembre de 2025, la sanción incluye restricciones para ocupar cargos públicos durante el periodo establecido, a pesar de que Quintero no ejerce actualmente ninguna función administrativa.

El fallo, que mantenía la sanción emitida en primera instancia, fue comunicado por el propio Quintero en sus redes sociales, donde señaló: “La Procuraduría confirmó fallo por el que me suspendieron mientras era alcalde por el ‘Cambio en primera’ al considerar que fue participación en política”. Además, anunció su intención de apelar la medida ante el Consejo de Estado.

En declaraciones a la W Radio, Quintero Calle cuestionó la decisión de la Procuraduría al señalar: “¿Por qué solo contra mí? ‘Fico’ me atacó y a él nunca lo suspendieron. La justicia tiene favoritos”.

Además, afirmó que “cada quien se tiene que defender”, y sostuvo: “Yo lo que quiero es balance, más que cualquier cosa”.

Citando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Quintero argumentó que la Procuraduría no debería suspender a funcionarios elegidos por voto popular. Recalcó que continuará defendiendo su posición y mantendrá su compromiso con el servicio público a pesar de las sanciones.

Aguas Vivas, el otro caso que tiene en problemas a Daniel Quintero

De otro lado, el viernes 21 de noviembre se dio inicio formal al proceso judicial contra Quintero y 12 personas más, entre las que se encuentran nueve exfuncionarios de su administración, por el caso denominado Aguas Vivas.

Este proceso involucra un terreno ubicado entre El Poblado y Las Palmas, cedido gratuitamente al municipio en 2019, sobre el cual, bajo la gestión de Quintero, se habrían intentado operaciones irregulares de monetización.

El actual alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga, se refirió a la situación a través de sus redes sociales: “Esta decisión obedece a una acción judicial que interpuse desde la alcaldía frente a este caso. Hay que recordar que el caso de Aguas Vivas es solo uno de los 650 hallazgos que le entregamos a los entes de control”, afirmó.

La Fiscalía General de la Nación detalló que particulares intentaron reclamar más de $53.000 millones al Distrito por el lote perteneciente a la alcaldía y que presuntamente hubo maniobras desde cargos públicos en favor de intereses privados.

El expediente suma más de 3.900 pruebas documentales, incluyendo correos electrónicos, informes técnicos, inspecciones judiciales y material fotográfico, y contempla delitos como peculado y participación indebida en contratos.

El juicio contra Quintero se desarrolla por supuestamente modificar, mediante decreto y sin contar con la aprobación del Concejo de Medellín, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), conducta que, según la normativa colombiana, corresponde al delito de prevaricato.