Una operación policial de gran envergadura permitió el desmantelamiento de una red internacional dedicada a la estafa con criptomonedas, con base en Medellín y ramificaciones en al menos diez países de América Latina.
La acción coordinada de las autoridades resultó en la captura de 14 personas, la incautación de más de 1.329 millones de pesos en efectivo y la intervención de lujosas oficinas en el sector de El Poblado, epicentro de las actividades ilícitas, según información obtenida por El Tiempo.
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La red, liderada por el ciudadano israelí Boaz Iaakok Derra (alias Jim) y el mexicano Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño (alias Daniel), habría defraudado más de 71.000 millones de pesos a inversionistas de Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Guatemala, El Salvador y Colombia, utilizando empresas fachada y plataformas falsas de inversión en criptomonedas.
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La operación, denominada ‘Dominó’, incluyó 22 allanamientos en Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro.

Durante los procedimientos, la Policía decomisó dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama, 757 discos duros, 43 computadores y 22 teléfonos móviles, según detalló el medio mencionado.
Entre los detenidos figuran Daniel López Uribe, abogado señalado de crear las empresas fachada; José Mauricio Murcia Martínez (alias Transportador), encargado de movilizar los fondos; Paula Andrea Londoño, contadora y revisora fiscal; y Alejandro Maximiliano Ronquillo Treviño, ciudadano mexicano conocido como alias Daniel.
La estructura criminal, según la Fiscalía, estaba encabezada por Boaz Iaakok Derra, ciudadano israelí identificado como alias Jim, quien actualmente es buscado en varios países.
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La red operaba desde dos centros comerciales de El Poblado y ocupaba los pisos 7 y 8 de una exclusiva torre de oficinas junto al Parque Lineal Ciudad del Río.
Desde allí, los líderes coordinaban el funcionamiento de call centers que contactaban a las víctimas y las inducían a invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas, prometiendo altos rendimientos.
El medio antes mencionado accedió a documentos de la Fiscalía que confirman la participación de plataformas como Fxmundo, Fxbravo, Macrocien, Fxtrategy, All Markets Pro, Bearinvester, Solutraders, Ascendingbull, Fxintegral, Iverlion, Noimarkets, Profitbitz, Cmtrading, Adrswap y Nfts Learn, todas integradas en un esquema internacional de captación fraudulenta.
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Los empleados de los call centers, bajo presión psicológica y utilizando aplicaciones de acceso remoto como AnyDesk e Imperius, lograban que las víctimas instalaran estos programas en sus dispositivos, lo que permitía a los estafadores tomar control de cuentas bancarias y sustraer fondos.
Para dar apariencia de legalidad, la organización suscribía contratos ficticios con empresas de Chipre, México e Israel y utilizaba cuentas bancarias en distintos países latinoamericanos. Cuando los bancos bloqueaban los fondos por no poder justificar su origen, los implicados abrían nuevas cuentas a nombre de otras empresas fachada.
Entre las compañías identificadas por la Fiscalía se encuentran Call Services Co SAS, registrada en Medellín en junio de 2021 y responsable de mover 17.000 millones de pesos; Conexión Segura Co SAS, con 26.000 millones; Outsourcing y Soluciones, 17.000 millones; Programming Solutions, 5.500 millones; Green Group, 5.600 millones; y Soluciones Empresariales Torre, 3.749 millones de pesos. Los empleados, además, eran sometidos a pruebas de polígrafo para evitar filtraciones y utilizaban identidades falsas al interactuar con las víctimas.
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El impacto regional de la red se refleja en la diversidad de países afectados y en la magnitud de los montos defraudados. Los líderes fijaban metas mensuales de captación fraudulenta entre 3 y 5 millones de dólares, según los informes.

El dinero obtenido se transfería entre las empresas fachada y se justificaba como pagos de nómina y comisiones a empleados de los call centers, aunque en realidad correspondía a las ganancias ilícitas. Parte de los fondos se destinaba a la compra de criptoactivos y vehículos de alta gama, mientras que los miembros de la organización empleaban nombres falsos para dificultar su identificación.
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En el plano judicial, a los capturados se les imputaron delitos de estafa por medios informáticos, hurto por medios informáticos, violación de datos personales en modalidad de delito en masa, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Ninguno de los detenidos aceptó los cargos.
Las autoridades, por su parte, continúan rastreando los movimientos bancarios del ciudadano israelí identificado como líder de la red, con el objetivo de determinar su ubicación y proceder a su captura.
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