
Hay conmoción y repudio entre los habitantes del barrio Porvenir de Armenia, capital del departamento de Quindío, luego de que dos personas fueron asesinadas en su vivienda tras haber conciliado el pago de una indemnización por un accidente de tránsito.
Según el reporte de medios locales, los hechos se presentaron el domingo 16 de noviembre de 2025, cuando un vehículo impactó la fachada de la casa donde residían las víctimas.
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Inicialmente, los afectados y el conductor del automóvil optaron por no involucrar a las autoridades de tránsito y, en su lugar, acordaron un pago de dos millones de pesos para resarcir los daños, trato que fue aceptado por ambas partes.
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Sin embargo, horas después, el mismo individuo regresó acompañado por otras personas en un vehículo particular y, portando armas de fuego y armas blancas, irrumpió en la residencia de las víctimas.

En ese momento, se escucharon varios disparos y los atacantes huyeron del lugar a pie. Vecinos, alarmados por las detonaciones, alertaron a las autoridades, pero al llegar encontraron sin vida a las dos personas.
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El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío, calificó el hecho como un caso de intolerancia extrema, donde una discusión originada en un incidente de tránsito escaló hasta el asesinato de dos personas mayores en su propio hogar.
“De acuerdo a las primeras indagaciones, de un accidente de tránsito que se dio horas antes, habrían llegado ya a una conciliación por un valor al parecer de 2 millones de pesos, por eso no llamaron en ese momento a unidades de tránsito ni tampoco a la Policía Nacional, pero sobre la 1:45 p. m. aproximadamente de la tarde llegan en un vehículo que ya tenemos inmovilizado unas personas y lamentablemente accionan armas de fuego y también le causan heridas con armas blancas a estas personas”, declaró el oficial a Caracol Radio.
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A su vez, el coronel Atuesta recalcó que la Policía avanzan en la identificación de los responsables y en la recolección de pruebas para esclarecer los hechos; de hecho, anunció que el automotor donde se movilizaban los agresores fue inmovilizado.
“En este momento nos encontramos realizando unas diligencias de verificación, inspecciones, de identificación de personas para revisar y comprobar y verificar si participaron en el hecho (...) Vamos a continuar con estas actividades de verificación e investigación porque no vamos a permitir que este hecho lamentable, repudiable de intolerancia quede en la impunidad vamos a dar con los participantes, con los autores, con su ubicación y con su captura”, puntualizó.
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Las personas fallecidas fueron identificadas como Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su padre, Julio César Moscoso Echeverri, de 89 años, cuyos cuerpos se encuentran en la sede de Medicina Legal en Pereira, en la que se practicarán la necropsia y posteriormente serán entregados a sus seres queridos.
Con este doble homicidio, la cifra de asesinatos en Armenia durante el 2025 ascendió a 89, según datos confirmados por la Policía departamental.

El caso ha reavivado el debate sobre las consecuencias de la intolerancia cotidiana, al evidenciar cómo una disputa que pudo resolverse mediante un trámite de seguro o una simple reclamación terminó con la vida de dos integrantes de una misma familia.
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Las autoridades reiteraron su llamado a la ciudadanía para que, en situaciones de conflicto, se recurra a los mecanismos de conciliación y a las rutas institucionales, evitando que la rabia o el deseo de venganza desemboquen en hechos irreparables.

Las consecuencias legales de los actos de intolerancia en Colombia pueden ser severas, con sanciones que incluyen penas de prisión que, en situaciones de concurso de delitos, pueden alcanzar hasta 50 años.
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Este tipo de conductas, que abarcan desde lesiones personales hasta amenazas, se encuentran tipificadas en la legislación penal colombiana y su castigo depende de la gravedad y las circunstancias particulares de cada caso.
Cuando un acto de intolerancia deriva en la muerte de una persona, el responsable puede enfrentar cargos por homicidio, lo que implica sanciones aún más estrictas.
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