Petro justifica bombardeos contra disidencias porque los blancos “tienen fusiles y declararon la guerra”, pero afirma que los lancheros atacados por EE. UU. “solo son pobres”

Las recientes operaciones militares en Colombia y el Caribe reabrieron el debate sobre la legitimidad del uso de bombardeos en la lucha contra el narcotráfico y la diferenciación entre los objetivos de estas acciones.

El presidente Gustavo Petro ha defendido con firmeza los ataques ordenados por su gobierno contra grupos armados ilegales, al tiempo que cuestiona los operativos estadounidenses contra narcolanchas en aguas internacionales.

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El 15 de noviembre, Petro se pronunció en su cuenta de X con un mensaje que marcaría el tono de la controversia.

“Los que caen en los bombardeos de la fuerza pública colombiana tienen ametralladoras, explosivos, fusiles y son organización armada declarada. Son sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y objetivos de guerra, porque declararon la guerra. Buscan eliminar fuerzas del Estado y civiles indefensos a través de sus armas letales”, escribió.

Luego añadió: “Lo de las lanchas no son nada de eso, son simples lancheros contratados. No han declarado la guerra a nadie: sobreviven en la pobreza”.

Estas declaraciones, que amplían la distancia entre la política de seguridad colombiana y las operaciones estadounidenses en el Caribe, han sido el eje de un debate que mezcla consideraciones legales, humanitarias y geopolíticas.

Según Petro, existe una distinción fundamental entre los objetivos militares de sus bombardeos y los blancos de los ataques ordenados por Washington.

El mandatario ha explicado que en Colombia los bombardeos se dirigen exclusivamente contra Grupos Armados Organizados —entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc—, los cuales cuentan con capacidad armada, estructura jerárquica y control territorial.

Para Petro, estos factores los convierten en actores del conflicto interno y, por tanto, en objetivos legítimos del DIH. “Son ejércitos privados del narcotráfico”, ha insistido, asegurando que sus acciones tienen respaldo jurídico y se ejecutan bajo estrictos estándares de respeto a los derechos humanos.

Por eso, dijo, cada uno de los bombardeos, doce desde que retomó la estrategia, se realiza por orden suya y con supervisión detallada. Aunque reconoce cooperación de inteligencia con Estados Unidos, el presidente ha reiterado que esta está condicionada a salvaguardas de derechos humanos y no puede utilizarse para operaciones que vulneren el DIH.

En cambio, Petro ha criticado duramente los operativos del Departamento de Guerra estadounidense en el Caribe y el Pacífico. Ha señalado que los ataques con misiles contra narcolanchas, que desde septiembre han destruido 20 embarcaciones y dejado alrededor de 76 muertos, constituyen un uso desproporcionado de la fuerza y una “ejecución extrajudicial” de personas en condición de indefensión.

Su rechazo a estos ataques lo llevó a ordenar la suspensión temporal del envío de información de inteligencia a agencias estadounidenses mientras continuaran estas operaciones. Más tarde flexibilizó la medida, permitiendo el intercambio de datos siempre que Washington garantizara que no serían utilizados para destruir embarcaciones con sus ocupantes, de acuerdo con El Colombiano.

Mientras tanto, Estados Unidos ha defendido su estrategia. La Casa Blanca envió recientemente al Congreso un documento que argumenta que el país se encuentra “en conflicto” contra organizaciones criminales transnacionales, lo que, según su normativa, habilita el uso de fuerza letal.

Funcionarios como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, han identificado a grupos como el ELN, el Tren de Aragua y el cartel de los Soles como responsables de algunos de los cargamentos destruidos, calificándolos incluso como “las Al Qaeda del hemisferio occidental”.

El debate también creció internamente luego de que dos recientes bombardeos en Guaviare y Arauca dejaran decenas de disidentes de las Farc muertos. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, afirmó que en ninguno de los ataques se afectaron personas protegidas por el DIH, aunque no descartó la presencia de menores entre los fallecidos.

“Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna”, declaró, generando tensiones incluso dentro del petrismo, que en el pasado criticó bombardeos de gobiernos anteriores por la muerte de adolescentes.