Experto opinó sobre los casos de justicia por mano propia, cada vez más comunes en Bogotá: “Profunda crisis de confianza”

Bogotá vuelve a estar en el centro del debate público por cuenta de los recientes episodios de justicia por mano propia que han sacudido distintos sectores de la ciudad.

Uno de los más recientes se registró el martes 11 de noviembre de 2025 en el sector de Kennedy, al sur de la capital, donde un conductor de camioneta fue linchado y posteriormente asesinado por un grupo de motociclistas y transeúntes, luego de que embistió a varios de ellos mientras conducía en estado de embriaguez.

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El hecho, que rápidamente se viralizó en redes sociales, reavivó la discusión sobre el aumento de estas prácticas en Bogotá y en el país, así como la percepción de desconfianza hacia las autoridades encargadas de impartir justicia.

Aunque este tipo de episodios no son nuevos, su frecuencia y severidad generan preocupación entre expertos y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Para Edwin Chaves, profesor de la facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, estos sucesos son síntoma de un problema más profundo que atraviesa la sociedad colombiana: la crisis de confianza en las instituciones.

En entrevista con Infobae Colombia, el académico señaló que la justicia por mano propia no debe entenderse como un fenómeno reiterado, pero sí como una expresión de un malestar ciudadano creciente.

“Si bien no se trata de situaciones reiteradas, indudablemente se registran casos de este tipo en el país. Este fenómeno pone de manifiesto una profunda crisis de confianza en la administración institucional de justicia, alimentada por la percepción real de impunidad, la inseguridad ciudadana y una débil cultura de la legalidad”, explicó Chaves.

Según el experto, la reacción violenta que emerge en estos contextos está asociada a hechos de alta ofensividad social, como delitos sexuales contra menores, atentados contra la integridad personal o agresiones al patrimonio, en los que la indignación ciudadana se desborda.

La situación, sin embargo, va más allá de la respuesta emocional inmediata. Para Chaves, la ciudadanía actúa motivada por la convicción de que el Estado es incapaz de ofrecer soluciones efectivas frente al delito.

A la pregunta de si estos casos reflejan la poca fe que existe en las autoridades, el profesor fue contundente: “Quienes incurren en este tipo de comportamientos vindicatorios asumen que ‘si ellos no hacen justicia, nadie la hará’, pues consideran que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y de imponer una sanción penal pronta y efectiva”.

En esa lógica, lo que inicia como un acto de indignación termina por multiplicar la violencia, al generar nuevos delitos en respuesta a los iniciales.

Y es que el caso de Kennedy no fue una excepción. Versiones preliminares indican que, tras el choque, decenas de personas rodearon el vehículo e intentaron sacar al conductor a la fuerza.

Minutos después, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, pese a que algunos testigos intentaron intervenir. Para las autoridades, este tipo de reacciones comprometen no solo la seguridad de los involucrados, también la capacidad del sistema judicial para actuar conforme a la ley.

Frente a este panorama, surge la pregunta obligada: ¿Qué puede hacer el Distrito para enfrentar una problemática que parece extenderse sin control? Chaves sostuvo que la solución no pasa por una sola medida, sino por una estrategia integral que involucre a instituciones, ciudadanía y medios de comunicación.

“La manera de afrontar esta situación no se logra mediante una sola medida”, advirtió el académico; a su juicio, se requiere fortalecer la administración de justicia para que sea “transparente y oportuna”, capaz de responder tanto a los delitos que detonan las reacciones violentas como a las conductas de quienes, al margen de la ley, intentan ejercer justicia privada. Sin embargo, el fortalecimiento institucional solo es una parte de la ecuación.

El académico planteó que también es necesario promover una profunda educación ciudadana que fomente la cultura de la legalidad. Esto implica campañas pedagógicas que expliquen las consecuencias de tomar justicia por cuenta propia y que insistan en la importancia de acudir a las vías institucionales para resolver conflictos.

Según Chaves, otro componente clave es combatir la desinformación y garantizar que la población conozca los avances de los procesos judiciales, lo que permitiría recuperar paulatinamente la confianza en el Estado.

De igual manera, el profesor subrayó el papel fundamental de los medios de comunicación, a quienes llamó a ejercer una labor responsable; su rol, dijo, debe ser el de informar sin exacerbar emociones, evitando narrativas que normalicen la violencia.

“Deben actuar como canales de información responsables que, en lugar de amplificar el odio o normalizar las reacciones violentas, contribuyan a visibilizar las consecuencias de tales conductas”, añadió el académico.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones por el linchamiento en Kennedy, así como de varios más en el territorio nacional, el país sigue enfrentando el desafío de frenar un fenómeno que, lejos de solucionar los problemas de inseguridad, profundiza la crisis de violencia e impunidad que preocupa a millones de ciudadanos.