Petro dice que “asumirá el riesgo” por posible muerte de menores en bombardeo contra Iván Mordisco

El presidente Gustavo Petro convirtió en eje de debate nacional la operación militar contra las disidencias de Iván Mordisco, luego de reconocer públicamente que “asumirá el riesgo” en caso de que la acción haya dejado menores de edad muertos, una posibilidad que permanece bajo verificación.

La declaración fue entregada durante la ceremonia de ascensos de la Policía, donde el mandatario expuso detalles de la ofensiva aérea desarrollada esta semana en zona selvática del Guaviare.

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En su intervención, el jefe de Estado explicó que las Fuerzas Militares reportaron la muerte de al menos veinte integrantes de las estructuras armadas señaladas de operar bajo el mando de Mordisco.

Aunque la operación continúa en desarrollo, adelantó que las unidades militares realizaron la acción con base en información previa y bajo los parámetros del derecho internacional humanitario.

Según el mandatario, la decisión se tomó ante un riesgo operacional que, de no ser atendido, habría podido derivar en un ataque contra un grupo reducido de uniformados que se encontraba en la zona.

El presidente argumentó que la orden de bombardear el campamento se produjo para evitar una posible emboscada contra una unidad de veinte soldados expuesta a dos columnas de alrededor de ciento cincuenta hombres, situación que, a su juicio, exigía una intervención anticipada. En ese punto sostuvo que las decisiones en materia de operaciones militares recaen directamente en su despacho y subrayó que ningún oficial carga con esa responsabilidad, ya que las implicaciones recaen sobre el comandante en jefe.

Al referirse a los efectos de la ofensiva, el mandatario dejó abierta la posibilidad de que la operación haya involucrado a menores reclutados por las disidencias, un riesgo que afirmó estar dispuesto a asumir. Su declaración generó reacciones en distintos sectores, debido a que este tipo de escenarios exige análisis detallados sobre inteligencia previa, presencia de combatientes y verificación en terreno. Petro insistió en que las decisiones de este tipo se toman bajo los principios humanitarios aplicables al conflicto armado interno y que el país debe debatir sus alcances con información confirmada.

Durante su discurso, sostuvo que las operaciones en Guaviare no pueden compararse con los ataques estadounidenses contra redes de narcotráfico en el Caribe, pues, según él, dichos procedimientos violan normas humanitarias. Señaló que las Fuerzas Militares en Colombia ejecutan acciones ofensivas ajustadas a los estándares jurídicos vigentes y al deber de evitar riesgos mayores para tropas y población civil. Agregó que el operativo fue autorizado antes de viajar a Santa Marta para participar en un encuentro con delegados de la Unión Europea, y que los resultados hacen parte de una revisión permanente por parte de la opinión pública.

En su intervención, el mandatario reiteró que la operación dejó hasta ahora veintiséis personas neutralizadas, entre muertos y capturados, e informó que varios menores de edad se entregaron durante el desarrollo de la operación, situación que calificó como una señal positiva en medio del contexto del conflicto.

Aprovechó ese punto para pedir a los jóvenes reclutados por organizaciones armadas que abandonen de inmediato esas estructuras y busquen rutas de protección institucional.

Dentro del balance entregado, el presidente también resaltó que el operativo se dirigió contra un campamento que formaba parte de las estructuras asociadas a Mordisco, considerado uno de los principales mandos de las disidencias que operan en el sur del país. Las autoridades, citadas por Semana, confirmaron que la ofensiva buscaba debilitar una de las columnas móviles que se desplazaba entre los límites del Guaviare y el Meta, en un corredor estratégico donde se concentran actividades ilícitas como narcotráfico, cobros extorsivos y control armado.

El desarrollo de la operación ha generado seguimiento institucional, especialmente porque las autoridades deberán confirmar si hubo presencia de menores reclutados en el campamento bombardeado. En caso de comprobarse, entrarían a operar protocolos humanitarios sobre protección de víctimas y análisis de responsabilidad, aspectos que forman parte de los debates nacionales sobre la política de seguridad y el enfoque de acciones militares.

La discusión sobre eventuales riesgos para menores reclutados ha sido recurrente en el país, y el presidente sostuvo que cualquier evaluación futura deberá partir del análisis técnico de inteligencia, verificación en el terreno y procesos forenses. Enfatizó que la decisión de autorizar el bombardeo se adoptó bajo la premisa de evitar un escenario adverso para los uniformados y que la responsabilidad final sobre la orden recae en él.

A medida que avanza la verificación, sectores políticos y organizaciones han solicitado que los resultados sean presentados oportunamente, mientras el Gobierno mantiene el seguimiento a la operación y a los posibles impactos humanitarios derivados de la ofensiva en Guaviare.