El 17 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló la integración de la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano en el proceso de unificación del Pacto Histórico. Sin embargo, el tribunal electoral estableció una condición fundamental: la personería jurídica de la nueva colectividad. Según precisó, la validez de la fusión está “condicionada a la terminación de los procedimientos sancionatorios iniciados hasta la fecha de esta decisión”.
Dentro del Pacto Histórico, la interpretación de este requisito dio lugar a dos posturas distintas. Por un lado, algunos sectores afirman que, aproximadamente un mes atrás, tanto el Polo Democrático como la Unión Patriótica ya se allanaron a los cargos, con el propósito de cumplir con las exigencias del CNE y así destrabar el proceso de unificación. Esta versión señala que los partidos tomaron medidas para resolver los procesos sancionatorios solicitados por el tribunal electoral. En contraste, otra corriente dentro de los mismos partidos sostiene que no tienen conocimiento de las investigaciones que el organismo exige resolver.
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Frente a la determinación del Consejo Nacional Electoral, Paloma Valencia, senadora y precandidata a la Presidencia por el Centro Democrático, interpuso una querella para anular la personería jurídica del Pacto Histórico.
“Demandamos la personería jurídica del Pacto Histórico y de Progresistas. La Ley es clara: no pueden tomar esas decisiones hasta que finalizaran todos los procesos sancionatorios en el CNE. Esperamos que el Consejo de Estado falle esta demanda a favor”, anunció Valencia en sus redes sociales.
En reacción al recurso legal interpuesto por la congresista, el presidente de la República, Gustavo Petro, salió en defensa de su partido. Sus argumentos se basan en los Acuerdos de Paz 2016 con las extintas Farc, en los que el Estado colombiano se comprometió en facilitar caminos para la participación de los ciudadanos.
“Desde el acuerdo de paz entre Santos y Farc, dónde es declaración de estado, el que se abran los caminos para la participación política de la ciudadanía, apoyarse en normas anteriores que no consultan la ley ni la constitución, y la ley superior, como es la declaración de estado, se está es violando ya las normas internacionales (sic)”, escribió en su cuenta de X
Así las cosas, Petro señaló que la demanda representa una violación de lo establecido en los acuerdos, además de vulnerar los derechos del grupo ideológico que él representa.
“Quienes no quieren la paz, buscan estos argumentos violatorios del acuerdo de paz. No saben qué es una declaración de estado ante el consejo de seguridad de Naciones Unidas”, expuso el mandatario.
Y agregó: “Por esta misma razón que aduzco, es que es tan grave que los miembros del consejo de seguridad de la ONU le hayan hecho caso al embajador de EEUU y no al gobierno de Colombia, al eliminar la veeduría, ni más ni menos, que el tribunal de la verdad, aprobado en el acuerdo de paz: Miedo inmenso de la oposición a la verdad por sus vínculos con el narcoparamilitarismo y temor de los EEUU a la justicia internacional (sic)”.
En paralelo, el jefe de Estado confirmó que continuarán manejando información de inteligencia con agencias de Estados Unidos, pero se circunscribe al respeto de los derechos humanos.
“La coordinación de inteligencias no puede romper los derechos humanos. Colombia es respetuosa de los tratados internacionales. Son ley de la República y según nuestra Constitución, constitución nacional, bloque de constitucionalidad, artículo noventa y dos de la Constitución Nacional, creo”, señaló Petro.
Según el análisis, “eso significa que nosotros somos estado social de derecho. Presidente que rompa eso, presidente tirano que es. Por tanto, la información de inteligencia se circunscribe al respecto de los derechos humanos. Toda se entrega a Estados Unidos y Estados Unidos se compromete a no usarla, rompiendo tratados de derechos humanos. Y espero que lo haga, pero no esperen que el presidente Petro lo haga”.
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