Germán Vargas Lleras lanzó fuertes críticas al exmagistrado César Julio Valencia por su llegada al Gobierno Petro: “Motivo de deshonra”

El exmagistrado César Julio Valencia Copete, de 72 años y oriundo de Cali, fue nombrado nuevo ministro de Justicia. La confirmación fue hecha por el presidente Gustavo Petro, que comunicó su decisión luego de que el cargo quedara vacante hace un mes con la salida de Eduardo Montealegre y tras discrepancias internas con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el procurador general, Gregorio Eljach.

En un mensaje público, el mandatario afirmó: “En honor a los magistrados perseguidos, será ministro de Justicia el exmagistrado César Julio Valencia Copete”, evocando el periodo en que Valencia, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo tensiones con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

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El exvicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras reaccionó a la designación del exmagistrado. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el exvicepresidente expresó: “Qué lamentable que una persona tan respetable como el exmagistrado César Julio Valencia Copete haya sucumbido, a estas alturas, a los halagos burocráticos de Petro, faltando ocho meses para que termine el gobierno. ¿Estará comprometido con avanzar en el proyecto de impunidad promovido por el gobierno Petro? Nos preguntamos: ¿cuál será la nueva agenda de este ministro?“.

Y finalizó su crítica diciendo: “Me temo que nada bueno quedará para tan distinguido jurista, excepto su título de exministro, que se convertirá en un motivo de deshonra”.

Valencia Copete y el choque con Álvaro Uribe

Durante su presidencia de la Corte Suprema, Valencia Copete lideró uno de los enfrentamientos institucionales más relevantes entre la rama judicial y el Ejecutivo. Bajo su dirección, la Corte avanzó en el proceso de investigación del escándalo de la parapolítica, que derivó en la pérdida de curules y condenas contra decenas de congresistas por sus vínculos con grupos paramilitares. En aquel periodo, el alto tribunal fue objeto de interceptaciones ilegales y las tensiones entre los poderes del Estado alcanzaron uno de sus puntos más altos.

En ese momento, el entonces presidente Uribe presentó una denuncia penal contra Valencia Copete por injuria y calumnia, a través de su abogado Jaime Lombana. El origen del conflicto radicó en que el exmagistrado afirmó públicamente que Uribe lo había llamado para hablar sobre el proceso judicial contra el exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, quien posteriormente fue condenado por paramilitarismo.

Valencia insistió en su versión ante las autoridades y el caso llegó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde finalmente fue archivado. Valencia Copete difundió una carta pública en la que afirmó: “Falta a la verdad el expresidente Uribe cuando afirma que jamás informé a la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia de la llamada telefónica en la que me trató el caso Tasmania (...) Expresamente le informé al presidente encargado de la Corporación, Sigifredo Espinosa, que en la citada llamada, el expresidente Uribe no sólo habló del caso Tasmania, sino además de su referencia a su primo Mario Uribe”.

Retos en el Ministerio de Justicia

El nuevo ministro tendrá que enfrentar varios desafíos de alto impacto. Entre ellos, mejorar las relaciones entre el Gobierno y la Rama Judicial, particularmente con algunos magistrados de la Corte Constitucional, con quienes se han presentado tensiones relacionadas con la tramitación de reformas sociales del Ejecutivo.

También deberá liderar el rediseño de la política de “Paz Total” en la etapa final del Gobierno Petro, tarea que requiere la presentación de un proyecto de ley al Congreso para establecer lineamientos en materia de desarme, desmovilización y reintegración de grupos armados ilegales. Igualmente, asumirá la responsabilidad de fortalecer las relaciones de Colombia con Estados Unidos, en un contexto en el que la cooperación judicial y en seguridad atraviesa momentos críticos.

Por último, Valencia Copete tendrá que abordar la situación carcelaria del país, marcada por problemáticas como el hacinamiento y la violencia en distintos centros penitenciarios, asuntos que han sido objeto de pronunciamientos recurrentes por parte de organizaciones nacionales e internacionales.