Militares acusados de asesinar a un joven en una base militar en Antioquia fueron enviados a prisión: enfrentan cargos por tortura, homicidio y desaparición forzada

Nueve integrantes del Ejército Nacional fueron enviados a un centro de reclusión señalados por la tortura, desaparición y asesinato de un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva en Frontino (Antioquia).

La víctima, identificada como Esneider Flórez Manco, fue sometida a tratos crueles durante cinco horas en una base militar, antes de morir y ser arrojada a un río, según la información divulgada el 12 de noviembre de 2025 desde Medellín.

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El caso involucra al teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.

Todos ellos enfrentan cargos por tortura, homicidio y desaparición forzada, delitos que han sido agravados por las circunstancias del crimen. Un fiscal de la Seccional Antioquia fue el encargado de imputar estos delitos, aunque los acusados no aceptaron los cargos.

La reconstrucción de los hechos, basada en los elementos materiales probatorios, indica que la víctima fue retenida en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal. Durante su detención, el campesino fue desnudado, golpeado, colgado de un árbol y amarrado, en un proceso que se extendió durante cinco horas.

El dictamen forense determinó que “los actos de tortura fueron la causa de la muerte”. Tras el fallecimiento, el cuerpo fue envuelto en una hamaca y trasladado al helipuerto de la base militar, desde donde fue arrojado al río El Cerro.

Las autoridades localizaron el cadáver tres semanas después, lo extrajeron del afluente y lo remitieron al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El informe de esta entidad confirmó la relación directa entre las torturas y el deceso.

La medida de aseguramiento impuesta a los nueve militares deberá cumplirse en una guarnición militar, de acuerdo con la decisión judicial.

El proceso judicial sigue su curso, mientras la información ha sido divulgada por motivos de interés general.

En su momento, la captura de los uniformados fue confirmada por la institución castrense, que también anunció su separación inmediata de las funciones mientras avanzan las investigaciones.

La noticia se conoció públicamente luego de que el presidente Gustavo Petro difundiera en su cuenta de la red social un comunicado oficial, en el que detalló que el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, le había informado sobre los hechos y las medidas adoptadas para esclarecerlos.

Petro manifestó: “He querido que la fuerza pública sea transparente en todos los casos en que algunos de sus miembros incurran en violación de derechos humanos. Ha acontecido ahora y transmito como comunicado público la información completa que me envían las mismas fuerzas militares”, según recogió Infobae.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local, donde varios habitantes ofrecieron su testimonio a La FM.

Uno de ellos describió a Flórez Manco como “una persona totalmente indefensa”, y agregó: “Era, como dicen por ahí en los pueblos, el ‘loquito del pueblo’. La gente sabía que él andaba por ahí caminando y gritaba sus vainas”. Este perfil coincide con la versión de que el joven se encontraba merodeando la base militar cuando fue interceptado por los uniformados.

De acuerdo con los relatos recogidos por el medio de comunicación, Flórez Manco llegó gritando a la base y, tras acercarse a la unidad, “los suboficiales y los soldados empezaron a cogerlo a golpes, lo mataron a punta de golpes y lo botaron al río. Hasta hace dos días se encontraron con el cuerpo. Y hasta hoy, cuando se tuvo conocimiento, al parecer mismos soldados de esa unidad fueron los que pusieron en conocimiento al comandante de la Brigada”.

Este testimonio resultó determinante para que, tras el hallazgo del cuerpo, se presentara la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y se emitieran las órdenes de captura contra los militares presuntamente implicados.