Consejo de Estado se pronunció tras inspección judicial en su sede en medio de las investigaciones contra varios magistrados

El Consejo de Estado se pronunció sobre la diligencia de inspección judicial realizada en su sede por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el marco de una investigación preliminar contra cuatro magistrados de la Sección Quinta.

La inspección, adelantada el miércoles 12 de noviembre, se relaciona con dos casos de nulidades electorales: la del alcalde de Calima Darién y la del gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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La diligencia fue dirigida por la presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, que llegó a la sede del Consejo de Estado acompañada de funcionarios de la Dijín y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el propósito de recopilar información relacionada con los expedientes de los procesos mencionados.

A través de un comunicado oficial, la corporación precisó que la diligencia fue atendida con normalidad y dentro del marco institucional. “La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales“, señaló el alto tribunal.

Y agregó que, en tal sentido, "prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”.

Sobre la investigación

Los procesos objeto de la diligencia corresponden, según informó la Comisión de Investigación, a las demandas de nulidad electoral presentadas contra el alcalde del municipio de Calima Darién y contra el gobernador de San Andrés, así como a las acciones de tutela interpuestas en ambos casos.

Los magistrados señalados en el proceso son Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado, encargada de resolver asuntos electorales.

De acuerdo con el documento de apertura de investigación, en el caso de San Andrés se analizan presuntas irregularidades relacionadas con la admisión de una reforma de demanda fuera del término procesal establecido, lo que podría configurar un prevaricato por acción.

“De acuerdo con la denuncia formulada por el Comité Político Pacto Histórico San Andrés Islas en contra de los magistrados del Consejo de Estado, quien afirmó que se ha violado el debido proceso y se ha irrespetado la tutela como mecanismo expedito que debe resolverse en 10 días; además, que han permitido que terceros ajenos a la demanda interpongan el argumento del idioma creole como si se tratara de un proceso colectivo contra la comunidad raizal, cuando en realidad es un proceso individual”, señala la denuncia citada en el auto.

Una segunda denuncia fue interpuesta por el ciudadano Miguel Ángel Mora, que manifestó que dentro del medio de control de nulidad electoral de la elección del gobernador Nicolás Gallardo se habría cometido una actuación procesal contraria a la ley. “Conforme a la denuncia presentada por el ciudadano Miguel Ángel Mora, en contra de los magistrados del Consejo de Estado, quien afirmó que dentro del medio de control de nulidad electoral de la elección de Nicolás Iván Gallardo Vásquez como gobernador del departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que cursó en la Sección Quinta del Consejo de Estado, se presentó presuntamente un acto procesal manifiestamente contrario a la ley, al admitir una reforma de la demanda fuera del momento procesal legalmente establecido”, se lee en el documento.

El Consejo de Estado subrayó en su comunicado que la diligencia se desarrolló dentro de los parámetros legales y que no representa un hecho extraordinario dentro del funcionamiento judicial, aclarando que el alcance de la actuación adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación, órgano constitucional encargado de tramitar las denuncias contra altos dignatarios del Estado, incluidos los magistrados de las altas cortes.

Los expedientes inspeccionados permanecerán bajo reserva mientras avanza la etapa preliminar de investigación, en la que se determinará si existen o no méritos suficientes para formular cargos o archivar las actuaciones.