Extradición aprobada: el confeso asesino del padre Darío Valencia será traído desde Francia

El abogado de la Diócesis de Pereira, Renato Marín, confirmó que la extradición del confeso homicida del sacerdote Darío Valencia fue avalada por las autoridades judiciales de Francia.

El implicado, Julián Eduardo Cifuentes, permanece recluido en una prisión de París desde 2024, año en el que fue detenido tras intentar huir del país luego del crimen.

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“Ya se tiene conocimiento pleno de que las autoridades francesas han autorizado la extradición (...). En este momento está a la espera de los trámites entre una comisión de la Policía Nacional y la Interpol para que vayan hasta Francia y recojan a la persona que será judicializada acá en Colombia. Se espera que en diciembre esto ya se efectúe”, declaró Marín en entrevista con Caracol Radio.

Por su parte, el director seccional de Fiscalías de Risaralda, César Bolaños, indicó que desde el país ya se cumplieron los procedimientos necesarios y solo resta la coordinación diplomática. “En este momento estamos en un tema de articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con el de Francia para poder traer a la persona”, señaló el funcionario.

El proceso judicial contra Cifuentes busca esclarecer los motivos del homicidio del sacerdote, ocurrido en abril de 2024 en Pereira. Según la investigación, el religioso fue reportado como desaparecido el 25 de ese mes, luego de no asistir a una reunión programada con miembros de su congregación ni a la misa de la tarde.

Las cámaras de seguridad registraron que, en la mañana del mismo día, el sacerdote había desayunado con su madre y posteriormente se reunió con un hombre al que pretendía vender su camioneta. Días después, el vehículo fue hallado abandonado en un parqueadero de Viterbo, en el departamento de Caldas, con señales de violencia. En el tablero del automóvil se observaba un impacto de bala y manchas de sangre, además de la ausencia de uno de los asientos.

El hallazgo generó nuevas pistas que permitieron a las autoridades identificar a Julián Eduardo Cifuentes como el principal sospechoso. Testimonios en el sector señalaron que quien conducía la camioneta del sacerdote regaló varias de las pertenencias que llevaba dentro del vehículo. En ese momento, la investigación tomó un giro decisivo.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que el padre Valencia subió al carro de Cifuentes poco antes de desaparecer. De acuerdo con la versión del abogado de la diócesis, ambos mantenían una relación de amistad desde hacía varios años y, además, habrían tenido algunos negocios personales.

Cifuentes huyó de Colombia tras el asesinato, pero fue detenido por las autoridades francesas apenas cinco días después, cuando intentaba ingresar a París. En septiembre del mismo año, durante el proceso judicial en su contra, confesó haber cometido el crimen y proporcionó a los investigadores la ubicación exacta del cuerpo del sacerdote.

El cadáver fue hallado en un abismo de 40 metros de profundidad, en una zona boscosa de la vereda La Cascada, en el municipio de Belalcázar, Caldas. La confesión permitió cerrar varios meses de incertidumbre para la comunidad religiosa y las autoridades, que habían mantenido labores de búsqueda en distintos municipios del Eje Cafetero.

Desde entonces, la Diócesis de Pereira se declaró víctima indirecta dentro del proceso penal, en el que también se investigan los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. “Cuando este señor sea extraditado y esté ante un juez, en Pereira, en una audiencia preliminar, nosotros estaremos actuando como representantes de las víctimas, en este caso de la diócesis como víctima indirecta”, reiteró Marín en declaraciones a El Tiempo.

El caso generó gran conmoción en Risaralda y en el país, dado que el sacerdote Darío Valencia era reconocido por su labor pastoral y su cercanía con las comunidades. Su desaparición movilizó a feligreses y autoridades locales, que durante varios meses impulsaron jornadas de búsqueda en diferentes municipios del eje cafetero.

Las autoridades colombianas esperan que la extradición se concrete en diciembre, tras el cumplimiento de los trámites diplomáticos entre ambos países. Una vez Cifuentes sea trasladado a territorio nacional, quedará a disposición de la Fiscalía, que formalizará la imputación de cargos ante un juez de control de garantías.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el proceso avanza con apoyo de Interpol y que la repatriación se realizará bajo estrictas medidas de seguridad. Con su llegada, se espera que el caso avance hacia la etapa de juicio, en la que las autoridades judiciales determinarán la condena correspondiente por el homicidio del sacerdote.