Estas son las siete investigaciones que enfrenta Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia: desde Fonade hasta presunta compra de votos y corrupción

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica judicial tras el reciente allanamiento a su residencia en Puerto Colombia, Atlántico.

La diligencia fue ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por orden de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una de las múltiples investigaciones que enfrenta el funcionario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de su cuenta en X, Benedetti denunció el operativo y atribuyó la medida a un supuesto interés personal de la magistrada Lombana en su contra, a quien calificó con términos despectivos.

El ministro cuestionó que la Corte Suprema siga investigándolo, argumentando que dejó el Congreso hace tres años. Sin embargo, el conflicto de competencias sobre algunos de sus procesos ya fue resuelto: mientras ciertos expedientes permanecen en la Corte, otros fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación.

El caso más avanzado en la Corte corresponde al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), actualmente en etapa de juicio.

Este proceso involucra a figuras políticas del Caribe como Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, y acusa a Benedetti de intervenir de manera ilícita para que Certicámara S.A. obtuviera un contrato superior a 1.000 millones de pesos.

Según la denuncia del abogado Jaime Lombana, “Benedetti, junto con sus colegas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, recibieron como cuota política el manejo del Fonade (…) destinaron millonarios recursos del Fonade para enriquecerse ilícitamente.

De acuerdo a El Tiempo, Benedetti le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su amigo Musa Besaile, manejándolos a través del Fonade”. El juicio deberá determinar si Benedetti incurrió en tráfico de influencias al favorecer a Certicámara en la contratación de servicios como bodegaje, custodia y actualización de inventarios.

Otra investigación relevante involucra presunta compra de votos en Maicao, La Guajira, hace siete años. En este expediente se indaga si Benedetti convocó a líderes sociales para apoyar la candidatura de la exrepresentante conservadora María Cristina Soto, quien logró un escaño en el Congreso tras recibir más de 40.000 votos.

El historial judicial de Benedetti incluye, además, un proceso por hechos ocurridos hace quince años, en el que se le acusa de exigir dinero a abogados y terceros a cambio de gestiones para que la Fiduprevisora pagara derechos pensionales en municipios de Córdoba.

A esto se suma una investigación por supuesta corrupción en el magisterio de Córdoba, abierta hace cinco años, así como otra por enriquecimiento ilícito vinculada al traspaso de un apartamento durante su etapa como congresista, con cerca de 3.000 millones de pesos cuya procedencia no habría sido justificada.

Mientras estos procesos avanzan en la Corte Suprema, la Fiscalía también tiene abiertos otros capítulos que podrían implicar responsabilidad penal para Benedetti si se comprueba la existencia de conductas delictivas.

El ministro ha dirigido duras críticas a la magistrada Cristina Lombana, a quien acusa de explorar supuestos delitos recientes cometidos por él tras haber dejado el Congreso.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas; hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”, afirmó. Benedetti agregó que Lombana “no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito. No quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”.

Además, denunció que la magistrada habría ordenado indagaciones financieras sobre unos cincuenta familiares suyos, incluidos hijos menores de edad y parientes lejanos, sin contar con facultades legales para ello. Según Benedetti, “van más de doscientos testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”.

El ministro también cuestionó la legalidad de la colaboración de Lombana con organismos internacionales, alegando que la magistrada habría suministrado información al FBI con el fin de incriminarlo en delitos de lavado de activos.

Benedetti acusó además a Lombana de “increpar, torturar y amenazar testigos para que me incriminen o me inventen delitos” y solicitó a los magistrados de la Corte Suprema que atiendan lo que él considera una persecución obsesiva en su contra.

En paralelo, Benedetti ha sido citado como testigo en el juicio contra Nicolás Petro Burgos y se encuentra en medio de la controversia por su propuesta de salario mínimo de 1.800.000 pesos, iniciativa que no ha sido desmentida por el presidente Gustavo Petro.