Revelan detalles del caso del perro agredido en Antioquia: el canino sobrevivió y el responsable quedó en libertad

El futuro judicial de Fernando Alonso Oviedo Sánchez, presunto responsable de maltrato animal, y la eventual aplicación de la Ley Ángel en Colombia dependen de los resultados de un informe forense que será entregado en las próximas horas por el equipo veterinario de la Universidad Remington sede Medellín.

El episodio tomó relevancia nacional el 3 de noviembre, cuando se divulgaron imágenes en redes sociales donde un hombre, posteriormente identificado como Oviedo Sánchez, golpea brutalmente a un perro; el animal intenta huir mientras recibe repetidas patadas y golpes con un objeto, y aúlla de dolor al intentar buscar alimento.

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A raíz de la presión pública y de la recompensa ofrecida por la Gobernación de Antioquia, el señalado agresor compareció el sábado 8 de noviembre ante la estación de Policía en Yarumal, norte de Antioquia, llevando un perro dentro de un guacal y asegurando que era el mismo animal que sobrevivió a la agresión.

Para constatar su declaración, la Policía Ambiental y el grupo de Carabineros trasladaron al perro el sábado desde Yarumal hasta Medellín, donde fue sometido a evaluación por profesionales de la Universidad Remington. Julio César Aguirre Ramírez, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de esta institución, indicó que se realizó un “examen integral de lesiones por clínica forense para determinar eventuales hallazgos relacionados con un trauma”, procedimiento que incluirá un informe detallando la extensión de las lesiones, el cual será remitido a las autoridades judiciales.

La identidad del perro fue clave en el avance del proceso. Aguirre explicó que mediante un análisis exhaustivo de las manchas y pigmentación del pelaje, así como la comparación de planos faciales y ventrales, el equipo determinó que existe una “compatibilidad del cien por ciento” entre el animal presentado por Oviedo Sánchez y el que figura en los videos de la agresión. Esta correspondencia se logró gracias a técnicas forenses utilizadas comúnmente en la identificación de tráfico de pieles de grandes felinos, pero en este caso adaptadas al cotejo en caninos.

A pesar de la gravedad de los hechos y de que Oviedo Sánchez se entregó a las autoridades, su liberación desató malestar en la opinión pública. Según declaraciones de la gerente de Bienestar Animal de la Gobernación de Antioquia, Dionisia Yusti Rivas, difundidas en la red social de X, la libertad se debe a un tecnicismo jurisdiccional: la Fiscalía de Antioquia no podía detener al implicado, ya que los hechos ocurrieron en el departamento de Bolívar, fuera de su competencia.

Yusti subrayó que la recompensa de hasta 50 millones de pesos colombianos ofrecida por la Gobernación continúa vigente hasta que se logre la captura y judicialización del responsable.

El proceso judicial permanece a la espera de la entrega oficial del informe forense que confirmará la identidad del animal y la magnitud de las lesiones, documento que será decisivo para la aplicación de las sanciones previstas por ley. Según la información confirmada por la Universidad Remington, el perro examinado es el mismo que fue agredido, lo que cierra la principal incógnita probatoria del caso.

Mientras el informe veterinario está por conocerse, las autoridades mantienen la expectativa sobre la aplicación de la Ley Ángel y el cumplimiento estricto de las sanciones estipuladas para el maltrato animal, en tanto persiste la exigencia de la ciudadanía para que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Cabe resaltar que la Ley Ángel, promovida por la senadora Andrea Padilla, establece que quien cause la muerte a un animal doméstico, amansado o silvestre vertebrado incurre en una pena de prisión de treinta y dos a cincuenta y seis meses, junto con multas de entre 30 y 60 salarios mínimos mensuales vigentes.

Además, el maltrato animal se considera un delito no excarcelable, con sanciones que pueden incluir hasta seis años de cárcel e inhabilitación para poseer animales por periodos que pueden duplicar el tiempo de condena, así como el registro del implicado en los sistemas de la Fiscalía y la Policía.