Por qué Ricardo González huyó a Cartagena tras la muerte Jaime Esteban Jaramillo: la familia fue clave

La audiencia de legalización de captura contra Ricardo Rafael González Castro, el segundo implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, arrojó nuevos detalles sobre la conducta y motivaciones del acusado en los días posteriores al crimen.

El proceso judicial sumó un nuevo capítulo cuando González se presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Cartagena, ciudad a la que viajó tras conocerse su presunta participación en los hechos ocurridos la madrugada del 31 de octubre.

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La entrega se oficializó a las 7:50 a. m, bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Según lo informado, González, al día siguiente de verse implicado en el suceso, renunció a su trabajo en San Victorino y viajó a su ciudad natal, donde se refugió con familiares mientras evaluaba junto a ellos y a sus abogados cuál sería la mejor decisión frente al proceso penal que enfrentaba.

Durante la audiencia, la defensa, encabezada por Gladys Marcela López, sostuvo que González no tenía intención de abandonar el país ni de fugarse a Venezuela, como se había rumorado, y afirmó que la decisión de regresar a Cartagena fue motivada por la búsqueda de apoyo familiar y de orientación legal.

“Ricardo decidió presentarse voluntariamente para responder ante la justicia”, aseguró López, resaltando que su cliente mostró disposición para colaborar desde el inicio. Imágenes del momento mostraron a González despidiéndose de allegados antes de ingresar al búnker de la Fiscalía.

La entrega voluntaria, de acuerdo con la defensa, se produjo tras largas deliberaciones familiares y fue consecuencia tanto del estado emocional del acusado como de la estrategia legal a seguir. “Emocionalmente está muy afectado”, indicó la abogada, que subrayó que la magnitud mediática y social del caso influyó profundamente en su representado.

La familia del capturado reiteró que la permanencia de González en Cartagena y su posterior entrega evidencian arraigo y voluntad de enfrentar el proceso penal sin obstrucción, respaldando la solicitud de que pueda defenderse en libertad.

La Fiscalía, por su parte, solicitó la legalización de la captura y, tras verificar la identidad del detenido como uno de los hombres que aparece en los videos de la madrugada del 31 de octubre, imputó a González por homicidio agravado. La acusación se basó en el material probatorio recopilado, incluyendo los registros fílmicos que circularon ampliamente, en los que se observa la agresión a Moreno Jaramillo, quien resultó inconsciente y falleció poco después.

Durante la diligencia, la abogada López recalcó que la entrega de González se efectuó bajo respeto pleno de sus derechos, con buen trato y cumplimiento de los términos legales para la comparecencia. “No hubo maltrato, estamos inclusive antes de las 12 horas de las 36 que se tienen, para estar compareciendo ante el juzgado”, añadió la defensora.

La delegada de la Fiscalía detalló que la conducta de los presuntos agresores —González y el ya capturado Juan Carlos Suárez— respondió a un acuerdo voluntario y consciente, orientado a causar la muerte de la víctima dirigiendo los ataques a zonas vitales.

La imputación de homicidio agravado, tipificada en los artículos 103 y 104 del Código Penal colombiano, contempla una pena de entre 400 y 600 meses de prisión, es decir, de 33 años y cuatro meses a 50 años. Según el fiscal, en este expediente concurren agravantes que evitarían que la eventual condena parta del mínimo legal, ubicando la pena inicial en un rango cercano o superior a los 40 años, salvo que González acepte los cargos en este estadio procesal, lo que permitiría una reducción de hasta la mitad de la condena.