
El costo del gas en Colombia podría entrar en una fase de fuerte incremento en los próximos meses, y las señales de alerta ya están sobre la mesa. Lo que comenzó como una advertencia técnica se convirtió en un tema de preocupación nacional, el país está consumiendo cada vez más gas importado, en medio de una caída sostenida de la exploración y producción local. Esa combinación, según un informe de Fedesarrollo, amenaza con alterar la estabilidad de las tarifas y, en consecuencia, el bolsillo de millones de colombianos.
El estudio, elaborado por Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, y Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, traza un escenario inquietante, si el 50% de la demanda se satisficiera con gas importado, las tarifas domésticas subirían drásticamente. Las ciudades más afectadas serían Bucaramanga (45,8%), Medellín (44,9%) y Bogotá (44,6%), seguidas de Cali (30,3%) y Barranquilla (11,7%).
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Pero el panorama podría ser aún más duro. “En un escenario en el que la canasta esté compuesta exclusivamente por gas importado, los aumentos podrían ser 89,3% en Bogotá, 89,7% en Medellín, 91,5% en Bucaramanga, 60,7% en Cali y 23,4% en Barranquilla”, se lee en el informe.
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Las diferencias regionales no son casualidad. Como explicó Benavides en el diario La República, la tarifa final se compone de los costos de producción, transporte y distribución, y este último depende de la distancia entre los centros de consumo y las fuentes de abastecimiento. “Por eso, las ciudades más cercanas a la producción doméstica y a las instalaciones de regasificación tienen menores incrementos porcentuales”, aclaró el investigador. Ese detalle logístico se convierte en un factor de desigualdad, mientras las zonas más próximas a los puntos de entrada o extracción pagan menos, las urbes del interior cargan con un sobrecosto inevitable.
Actualmente, el 17,5% del gas que se consume en Colombia es importado, una cifra que, aunque ligeramente inferior al 19,3% registrado en 2024, muestra la creciente dependencia del país frente al suministro externo. Y ese número, según Fedesarrollo, podría aumentar rápidamente si no se reactivan los proyectos de exploración nacional.
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La advertencia es que, si el país no logra garantizar su propio abastecimiento, enfrentará en los próximos tres años un déficit energético y gasífero que no se veía desde 1994. La combinación de bajos niveles de exploración, inversiones congeladas y alta demanda interna configura un riesgo estructural que va más allá de la coyuntura.

El informe también señaló una limitante clave y se trata de que, la planta de regasificación de Cartagena, que hoy opera con una capacidad insuficiente para atender la demanda nacional. A eso se suma un problema económico, el precio del gas importado puede ser hasta tres veces superior al del gas nacional, debido a los costos adicionales de licuefacción, transporte marítimo y regasificación.
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Según Sergio Cabrales, aunque los precios internacionales del gas han venido al alza, su efecto en las tarifas de los hogares aún no se refleja porque siguen vigentes contratos a precios bajos que expirarán el próximo 30 de noviembre. “El gas importado, por su parte, ha mostrado precios promedio entre USD14,64 y USD18,39 por Mbtu, niveles considerablemente superiores a los del gas nacional”, explicó el académico al medio antes mencionado.
Cuando esos contratos terminen, el ajuste podría sentirse de golpe en los recibos del servicio público, sobre todo en los sectores residenciales y comerciales de las grandes ciudades. El impacto de una crisis gasífera va mucho más allá de las facturas del hogar. Fedesarrollo calculó que, en caso de tener que racionar energía o gas, el país perdería 1,5% del PIB, lo que equivale a cientos de miles de millones de pesos. Además, se destruirían 260.000 empleos al año, y al menos 250.000 personas caerían en situación de pobreza. Ese escenario pondría en jaque la recuperación económica y aumentaría las brechas sociales, justo cuando Colombia busca consolidar su transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
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Las recomendaciones de los expertos apuntan en varias direcciones. Por un lado, aumentar la producción nacional, lo que implica incentivar la exploración —incluso a través de técnicas como el fracking, que el Gobierno Petro rechaza de manera categórica—. Por otro, fortalecer la infraestructura de importación de gas natural licuado (GNL), pero con planificación y tiempos realistas.
Benavides señaló que existen proyectos en estudio, aunque algunos enfrentan costos y demoras considerables. En el caso de Coveñas, por ejemplo, sería necesario convertir un oleoducto en gasoducto, una inversión costosa y lenta. “Además, se amplía el poder de mercado de Ecopetrol en producción y se produce integración vertical en transporte de gas, con lo que se llegaría a una ‘doble marginalización’ de precios a usuarios finales”, advirtió.
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