Video: colombiana sufrió brutal ataque de autoridades migratorias estadounidenses mientras era detenida: “Tengo papeles”

La difusión de un video en redes sociales puso en el centro de la atención pública la detención de una mujer colombiana, identificada como Diana Santillana, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago, un hecho que generó conmoción entre padres y alumnos del Centro de Aprendizaje de Inmersión en Español Rayito de Sol.

La escena, grabada por transeúntes, muestra el momento en que la trabajadora de la guardería del estado de Illinois es retirada de manera violenta del establecimiento, mientras los niños presenciaban el operativo.

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La reacción de la comunidad no se hizo esperar: padres de familia exigieron su liberación inmediata y calificaron la intervención como una experiencia traumática para los menores. La escuela, tras el hecho, decidió cerrar sus puertas, reflejando el impacto que el episodio tuvo en la comunidad educativa.

Hasta hace pocos meses, las guarderías eran consideradas ‘lugares sensibles’ y estaban protegidas de este tipo de operativos. Esta protección fue eliminada tras la llegada del presidente Donald Trump a su segundo mandato, lo que permitió que las detenciones pudieran realizarse en estos espacios.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos difundió en redes sociales su versión de los hechos, señalando que la mujer colombiana habría proporcionado información falsa sobre su identidad. Según la explicación oficial, los agentes de ICE intentaron detener un vehículo con placas asociadas a una residente ilegal. Al percatarse de la presencia policial, la conductora aceleró y buscó refugio en un centro comercial.

Las autoridades detallaron: “Los agentes intentaron detener este vehículo, registrado a nombre de una inmigrante ilegal, con las sirenas y las luces de emergencia encendidas, pero el conductor se negó a detener el vehículo”.

De acuerdo con la versión oficial, la mujer ingresó al centro educativo para ocultarse de los agentes, lo que motivó que estos entraran al vestíbulo con el objetivo de detenerla. Las autoridades estadounidenses anunciaron que próximamente se divulgarán más datos sobre el caso, incluyendo los antecedentes penales y la información sobre un agresor masculino relacionado con el incidente, y aseguraron que actualizarán al público en cuanto dispongan de nueva información:

“Próximamente se darán a conocer datos, incluidos los antecedentes penales y la información sobre el agresor y actualizaremos al público con más información tan pronto como esté disponible”.

En los videos que circularon ampliamente en redes sociales, se escucha a la mujer afirmar que sus documentos de residencia estaban en regla. La repercusión del operativo se extendió más allá del cierre temporal de la guardería, dejando a la comunidad visiblemente afectada por la intervención de las autoridades.

Abogado de la colombiana detenida denunció irregularidades

De acuerdo con Charlie Wysong, abogado de Diana Santillana, su clienta había solicitado asilo en Estados Unidos y contaba con la documentación necesaria para permanecer en el país. Wysong explicó que las autoridades migratorias le concedieron autorización de empleo válida hasta noviembre de 2029 y que, según la información disponible, Santillana no tiene antecedentes penales. El equipo legal planea solicitar una audiencia de fianza la próxima semana con el objetivo de lograr su liberación, ya que actualmente permanece detenida en un centro de ICE en el condado de Clark, Indiana.

La defensa presentó el 6 de noviembre de 2025 una petición de habeas corpus en la que se detalla que Santillana, de treinta y ocho años, huyó de Colombia tras recibir “amenazas contra su seguridad”. El documento indica que ingresó a Estados Unidos en marzo de 2023, “sin inspección”, y que desde entonces ha residido en el país, viviendo más recientemente en Berwyn, un suburbio al oeste de Chicago. El abogado sostiene que la detención se realizó sin una orden judicial, lo que, según su argumento, constituye una violación de un decreto de consentimiento de alcance nacional.