Los detalles del llamado a juicio que vinculaba a Petro y otros comandantes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia

Por los 40 años de la toma del Palacio de Justicia, que fue perpetrada por el M-19 en 1985, se ha recordado que los miembros de este grupo guerrillero no pagaron ningún tipo de pena.

Todo lo ligado con la toma y otros crímenes que cometió el M-19 en la época fueron dejados a un lado luego de que la guerrilla recibió una amnistía en el acuerdo de paz que firmó con el Estado en 1990.

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Sin embargo, antes de ello, el juzgado 30 de instrucción, a cargo de Uriel Alberto Amaya, intentó llevar a juicio a los principales comandantes del M-19, incluyendo al hoy presidente Gustavo Petro.

Aunque el hoy mandatario no participó materialmente de la toma, y en ese momento estaba preso en Cundinamarca, su nombre apareció en el llamado a juicio que se registró el 31 de enero de 1989, que fue publicado nuevamente por El Tiempo.

En ese momento, el juez acusó a Gustavo Petro, así como a otras figura relevantes del M-19, como Carlos Pizarro, Antonio Navarro Wolf, Otty Patiño, Vera Grabe, Everth Bustamante y Rosemberg Pabón, por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad.

Ninguno de los nombrados hizo parte de la toma, pero el juez los mencionó como instructores del hecho registrado entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, asegurando que todos los mandos del M-19 tenían responsabilidad en lo registrado.

“Estos miembros del M-19 plenamente identificados, que tenían para la época de los hechos una capacidad funcional de decisión, son autores mediatos del hecho punible de rebelión, y coautores mediatos de los punibles conexos con aquel, en la forma vista, y con base en las consideraciones jurídicas expresadas”, es parte del expediente.

Este proceso no avanzó debido a que el Estado priorizó el acuerdo de paz con el M-19, que en marzo de 1990 fue firmado, y con ello se permitió que todos los integrantes de esta guerrilla pudieran ser reintegrados a la sociedad sin tener que pagar por sus crímenes.

El medio citado recordó que en 1992 una jueza intentó acusar de nuevo a los integrantes del M-19, argumentando que los delitos de terrorismo e incendio no tenían carácter político.

Debido a ello, aunque se trata de uno de los mayores opositores del Gobierno Petro, el presidente César Gaviria decidió tramitar una ley que incluyó un segundo indulto para todos los desmovilizados del M-19.

En los detalles del expediente publicado por El Tiempo, se resalta que la acusación estaba fundamentada en los testimonios de sobrevivientes e informes de actas de levantamiento.

En el documento se reconstruyó todo el plan que armó el M-19 para irrumpir en el Palacio de Justicia, incluyendo que el 16 de agosto de 1985 arrendaron un apartamento, además de una vivienda, que funcionaron como sedes de las reuniones para coordinar los detalles de la “misión”.

En la casa las autoridades encontraron material de guerra y documentos en los que se explicaba todo lo ligado a la toma, incluyendo los puntos de más fácil acceso.

En el expediente no se dejó de lado la responsabilidad de las Fuerzas Militares, ya que se menciona que en la retoma se registró una fuerza desmedida por parte de la fuerza pública, que terminó atacando a civiles mientras buscaban recuperar el palacio.

Por último, se destaca que para evitar ser detenidos, los 35 miembros del M-19 se distribuyeron en dos bloques, que fueron nombrados Luis Otero y Andrés Almarales, integrantes del grupo armado que lideraban la toma, que tenía como objetivo enjuiciar al presidente Belisario Betancur.