Ocho años después de la avalancha que devastó a Mocoa, en el departamento del Putumayo, la reconstrucción del municipio continúa inconclusa y ahora bajo escrutinio disciplinario.
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio a los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez y Eduardo José González Angulo, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
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Según el organismo de control, el proyecto de inversión —que comprometía más de 185.093 millones de pesos— contemplaba la ejecución de 17 contratos de obra y 11 de interventoría para realizar 56 obras de mitigación del riesgo tras las inundaciones ocurridas en 2017 y 2018, que dejaron más de trescientas víctimas mortales y graves afectaciones a la infraestructura local.
La Procuraduría señaló que los entonces directores de la Ungrd habrían omitido realizar gestiones oportunas para reencauzar el proyecto, remover obstáculos durante su desarrollo y garantizar su finalización.
Estas omisiones, indicó el ente de control, “afectaron de manera directa su ejecución y generaron retrasos significativos en el desarrollo de las obras de mitigación del riesgo, sin aparente justificación”.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR advirtió que las deficiencias en la planeación del proyecto llevaron a la suspensión de varios contratos, e incluso a que otros no llegaran a iniciarse.
“A la fecha, el proyecto no se ha culminado”, precisó la Procuraduría en el pliego de cargos, subrayando que la población de Mocoa continúa esperando las obras prometidas para garantizar su seguridad y recuperación.
El análisis del Ministerio Público concluyó que no existen justificaciones válidas para el atraso de las obras, por lo que las conductas atribuidas a los exdirectores fueron calificadas como faltas gravísimas.
En el caso de Olmedo López, la Procuraduría determinó que la falta se cometió a título de culpa gravísima, mientras que González habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave.
La investigación busca establecer si las deficiencias detectadas en la planeación y ejecución de los proyectos, así como la falta de gestión para superar los obstáculos, impidieron la correcta utilización de los recursos y la finalización de las obras.
El Ministerio Público advirtió que, pese a los compromisos asumidos tras la tragedia, la reconstrucción de Mocoa sigue pendiente, dejando en entredicho el manejo de los recursos y la gestión institucional.
Una tragedia anunciada
La devastación que sufrió Mocoa la madrugada del 1 de abril de 2017 dejó 314 muertos, 332 heridos y 106 desaparecidos tras el desbordamiento simultáneo de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco.
La tragedia expuso las profundas vulnerabilidades estructurales y sociales del municipio, marcado por altos índices de pobreza y una débil infraestructura estatal.
Diversos análisis atribuyeron el desastre a la deforestación, la ocupación de zonas de riesgo y el cambio climático.
Sin embargo, expertos y comunidades locales sostienen que la raíz del problema está en el modelo de desarrollo extractivista impuesto en la región, donde la explotación minero-energética ha deteriorado el entorno natural y desplazado a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Putumayo, con una tasa de pobreza multidimensional del 76,3% según el DNP, depende en más de la mitad de su economía de este sector.
Esta dependencia, sumada a la falta de inversión social, ha mantenido a Mocoa en una situación de vulnerabilidad permanente. La reconstrucción inconclusa y los retrasos en las obras solo profundizan el sentimiento de abandono estatal y la desconfianza de la población hacia las instituciones encargadas de su recuperación.
Para los pueblos originarios, la tragedia fue una crisis anticipada, resultado de políticas que privilegian los intereses económicos sobre la vida y el territorio.
Atribuirla únicamente al cambio climático, advierten, invisibiliza las responsabilidades del Estado y las consecuencias del modelo extractivo que aún persiste en el sur del país, donde la promesa de reconstrucción sigue sin cumplirse plenamente.
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