
En la jornada del viernes 7 de noviembre de 2025 las altas cortes colombianas (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial) desarrollaron el evento de conmemoración de los 40 años de la toma al Palacio de Justicia.
En el acto los presidentes de las altas instituciones judiciales realizaron un homenaje público en Bogotá para recordar a las víctimas y reclamar una verdad completa sobre lo acontecido los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
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Sin embargo, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, manifestó reparos contundentes respecto a la falta de esclarecimiento de los hechos y a las consecuencias legales de la amnistía otorgada al grupo M-19.
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Ibáñez planteó interrogantes “no resueltos” en torno al financiamiento, la organización y la ejecución de la toma por parte del M-19, así como sobre las condiciones que permitieron el ingreso de los insurgentes y la posterior intervención de la fuerza pública.

Dijo Ibáñez en su discurso: “En nombre de la Corte Constitucional presento un respetuoso saludo a cada uno de ustedes. Acompaño a los servidores judiciales que están presentes hoy, a las familias de las víctimas que hace cuarenta años perdieron a sus seres queridos o que resultaron afectados por los hechos atroces que hoy debemos recordar para que jamás se vuelvan a repetir”, sostuvo.
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Los reparos de Ibáñez
Sin embargo, como reportó la misma Corte Constitucional, su presidente agregó estas palabras en cuanto a las responsabilidades:
“40 años después, aquí estamos, pero Colombia aún es titular de una deuda de verdad pendiente que sigue torturando a las familias de los desaparecidos y sobrevivientes. Los responsables deben hablar. Le deben al país, a la justicia y a las víctimas, la verdad sobre lo ocurrido. La justicia debe prevalecer sobre el terror, provenga éste de donde provenga. La justicia, por encima de todo, la verdad, por encima de todo, deben prevalecer”, dijo.

Incluso cuestionó: “¿Quiénes la financiaron? ¿Cómo fue su preparación y como ocurrieron los fallidos intentos de su perpetración en agosto y octubre de 1985 hasta que se logró su consumación el 6 de noviembre de 1985? ¿Por qué se levantó la seguridad del palacio de justicia y la protección de los magistrados y funcionarios? ¿Qué pasó minuto a minuto en las operaciones de toma, recuperación y retoma?”, añadió el magistrado
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El presidente de la Corte Constitucional fue insistente en señalar que, tras cuatro décadas, no existe certeza sobre lo sucedido con cada una de las personas que trabajaban en el Palacio de Justicia.
“¿Quién los ejecutó o en qué circunstancias fueron cegadas sus vidas? ¿Cómo se produjo el incendio del Palacio? ¿Cómo se manejaron las pruebas y qué pasó con la cadena de custodia?”, expresó Ibáñez en presencia de familiares de víctimas y autoridades judiciales.

Familias de víctimas del Palacio de Justicia rechazaron declaraciones del presidente Petro: también exigen verdad completa
Durante los actos de conmemoración por los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, los familiares de las víctimas expresaron su rechazo a las declaraciones del presidente Gustavo Petro que, aunque lo desmintió, en algún momento afirmó que el ataque al Palacio de Justicia fue realizado por “un genio”, en referencia a Luis Otero, uno de los señalados de la planeación del asalto.
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Según reportó La FM, las familias manifestaron que las heridas siguen abiertas y que la tragedia no puede ser reinterpretada sin pruebas.

Carmen Rosa de la Rosa, familiar de Nuri Esther Gutiérrez, desaparecida durante la toma, cuestionó que el presidente considerara la operación del M-19 como una “genialidad”.
“Para nosotros, el presidente Gustavo Petro está cometiendo un error muy grave al expresar cosas como esa”, afirmó De la Rosa en el homenaje.
La búsqueda de verdad sigue inconclusa para quienes desconocen el paradero de sus familiares. El caso de Nuri Esther ilustra la situación: sus allegados recibieron durante años restos equivocados que no correspondían a su identidad.
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Las afirmaciones del presidente Petro, entre ellas la existencia de balas en cuerpos de magistrados supuestamente no asociadas al M-19, recibieron un rechazo inmediato.
Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín, explicó que los magistrados del cuarto piso murieron en fuego cruzado entre el grupo armado y el Ejército. “Los cuerpos a nosotros nos entregaron cenizas”, detalló.
Amelia Mantilla, viuda del magistrado auxiliar Emiro Sandoval Huertas, relató que, tras casi tres décadas, realizó un segundo entierro luego de confirmarse que los restos entregados originalmente no correspondían a su esposo. Advirtió que no es responsable emitir conclusiones sin base científica, pues esto minimiza el sufrimiento vivido por las víctimas.
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