Gustavo Petro arremetió contra exministros de Salud que señalaron supuesto plan para debilitar el sistema de salud: “Responsables de primer orden del saqueo billonario”

Un grupo de exministros difundió el 6 de noviembre una carta en la que revelan información sobre un presunto plan del Gobierno nacional para desmantelar el sistema de salud en Colombia, con el objetivo de facilitar la aprobación de las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro.

Al respecto, el presidente colombiano, en un corto mensaje en X, respondió a los exministros de Salud.

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El jefe de Estado acusó a los exministros de realizar un supuesto saqueo billonario a la salud en Colombia, por medio de recursos públicos y en “manos de los piratas” de la salud en Colombia.

“Los ex ministros de salud que son responsables de primer orden del saqueo billonario de los recursos públicos de la salud en manos de los piratas de la salud”, indicó Gustavo Petro.

Qué dijeron los exministros

Un grupo conformado por exministros y exviceministros de Salud manifestó su preocupación ante el rumbo adoptado en la política sanitaria de Colombia. En un pronunciamiento público, reclamaron un cambio institucional inmediato y señalaron que la salud atraviesa una crisis como resultado de decisiones deliberadas implementadas en los últimos años.

Según los exfuncionarios, estas políticas gubernamentales han tenido como consecuencia el progresivo desmantelamiento de la estructura del sistema de salud, marcado por el desfinanciamiento y la inestabilidad operativa, lo que ha deteriorado la prestación de servicios básicos a millones de colombianos.

El documento firmado por figuras como Jaime Arias, Augusto Galán, Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, entre otros, argumenta que la crisis no surgió por azar, sino que ha sido fomentada con el fin de justificar una transformación integral del sistema.

Destacaron declaraciones de autoridades del Ejecutivo que admiten la necesidad de crear escenarios de crisis para modificar la institucionalidad y negaron alertas presupuestales pese a evidencias de desfinanciamiento.

Los exministros citaron frases de la anterior ministra y del presidente de la República respecto a dejar colapsar a las Entidades Promotoras de Salud para facilitar una reforma, y advirtieron que esto ha provocado consecuencias concretas: mayor judicialización de los servicios, obstáculos para los usuarios, retrasos y carencias de suministros.

También denunciaron la aprobación por decreto de una reforma que, según ellos, transgrede la Constitución al no ser debatida en el Congreso, lo que llevó al Consejo de Estado a suspenderla parcialmente.

El grupo concluyó que la salud no puede servir como escenario político e hizo un llamado para que la próxima administración apueste por la reconstrucción técnica y financiera del sector, colocando siempre al paciente como prioridad central y garantizando la sostenibilidad del sistema.

Críticas de Gustavo Petro

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 0858 de 2025, que establecía el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en Colombia. Esta decisión interrumpe la puesta en marcha de la norma impulsada por el Gobierno, mientras se resuelve una demanda de nulidad presentada por el congresista Andrés Forero.

El presidente Gustavo Petro criticó abiertamente la medida, al considerar que va en contra del deber estatal de proteger la vida y cumplir con un sistema preventivo de salud. Señaló que la suspensión contradice la ley y atenta contra los derechos fundamentales, según expresó en redes sociales tras hacerse pública la noticia.

La norma ahora detenida era uno de los ejes de la reforma sanitaria propuesta por el Gobierno, bajo el argumento de fortalecer la gobernanza territorial, mejorar las condiciones laborales del personal médico y transformar el modelo de gestión hacia la prevención y la atención primaria. Además, preveía un año de transición para la adecuación del sistema, con el objetivo de que la reforma estuviera completamente implementada en julio de 2026.

La decisión del Consejo de Estado intensificó el debate en torno a las competencias entre el Ejecutivo y la justicia, y reabrió la discusión sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.