“Dura es la ley, pero es la ley”, citó el presidente de la Comisión Séptima del Senado, Miguel Ángel Pinto, al explicar la decisión de suspender el tercer debate de la reforma a la salud por falta de aval fiscal.
“Cuando nosotros nos posesionamos, juramos cumplir la Constitución y la ley nos dice que no podemos aprobar ningún proyecto que no tenga aval fiscal cuando genera impacto”, enfatizó el congresista liberal después de la sesión del 6 de noviembre.
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Pinto recordó que incluso la bancada del Pacto Histórico —promotora de la reforma— presentó una proposición en el mismo sentido, admitiendo que el proyecto no puede avanzar sin respaldo financiero.
“La plenaria del Senado acaba de darle la razón a la Comisión Séptima: se pueden suspender las discusiones cuando los proyectos no tienen aval fiscal, porque no pueden ser aprobados sin él”, afirmó.
El senador también aclaró que el mensaje de insistencia enviado por el Gobierno no tiene efecto sobre la suspensión.
“Ese mensaje es absolutamente innecesario, porque la reforma ya estaba en el primer punto del orden del día y fue suspendida por decisión de la mayoría de la comisión”, explicó el senador.
“Llevamos más de dos meses debatiéndolo. La plenaria del Senado acaba de ratificar el aplazamiento en el mismo sentido”, agregó Pinto, quien defendió que la determinación fue legal y ajustada a la Constitución.
La proposición de Nadia Blel
La suspensión fue consecuencia directa de una proposición presentada a finales del octubre por la senadora conservadora Nadia Blel, que exige definir fuentes de financiamiento verificables antes de continuar con la discusión.
La iniciativa advierte que aprobar la reforma sin un respaldo presupuestal sería “un riesgo de responsabilidad fiscal para el Congreso de la República”.
El faltante de recursos, según cálculos legislativos, asciende a 16 billones de pesos, cifra que pone en entredicho la viabilidad del nuevo modelo preventivo y resolutivo propuesto por el Gobierno.
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó a la Comisión Séptima como “inoperante” y acusó a los senadores de frenar el proyecto por intereses políticos.
“Piden plata para sus hospitales, los controlan, los utilizan como directorios políticos, manejan la salud desde hace décadas en los departamentos y aquí se vienen a aparecer de otra forma”, declaró durante la sesión. Jaramillo insistió en que la reforma lleva más de un año sin debatirse, a pesar de ser una prioridad del Gobierno.
Frente a estas declaraciones, la senadora Nadia Blel respondió que el Gobierno no ha presentado los estudios necesarios para sustentar el costo del nuevo modelo. “No existe un aval fiscal real para tramitar la reforma”, dijo, calificando de “falta de respeto” las palabras del ministro.
Según Blel, la suspensión es una decisión responsable que protege los intereses de los colombianos y evita comprometer recursos inexistentes.
Benedetti acusa dilación y Petro apunta al Congreso
A la controversia se sumó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien acusó a la Comisión Séptima de dilatar la discusión. En redes sociales, señaló que condicionar la reforma a la aprobación de una ley de financiamiento es “una burla a la salud de los colombianos”.
Benedetti anunció el 29 de octubre que firmará un mensaje de urgencia e insistencia para que la comisión se concentre exclusivamente en el debate de la reforma y criticó la actitud del Congreso ante el proyecto.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo ha escalado en los últimos días. Mientras el Gobierno interpreta la suspensión como un sabotaje político, los congresistas defienden su decisión como un acto de responsabilidad fiscal.
El presidente Gustavo Petro acusó a varios senadores de obstaculizar la reforma para proteger intereses políticos y religiosos. En particular, criticó a Nadia Blel y Miguel Ángel Pinto, a quienes responsabilizó de bloquear el proyecto y perpetuar las deficiencias del sistema actual.
A pesar del estancamiento, la Comisión Séptima logró por primera vez en semanas acordar un procedimiento para continuar el trámite, aunque ninguna de las tres ponencias —la oficial, la alternativa ni la de archivo— ha conseguido los votos necesarios para avanzar. El proyecto ha sido levantado en al menos tres sesiones consecutivas, reflejando la falta de consenso entre bancadas.
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