El informe realizado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia y recogido por la Corte Suprema de Justicia quince años atrás, dejó constancia de las presiones ejercidas por Los Extraditables sobre los magistrados en las semanas previas al asalto al Palacio, en especial sobre Manuel Gaona Cruz.
La investigación describe un ambiente de temor constante por parte de quienes debían pronunciarse sobre la constitucionalidad de la extradición de nacionales a Estados Unidos.
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Manuel Gaona Cruz recibió en ese periodo dos cartas cuya lectura revela la intensidad de las amenazas.
En una de ellas le recordaron que “el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia”.
Las advertencias no se limitaban únicamente al magistrado, sino que también hacían referencia a sus colegas, sugiriendo que contaría con el “apoyo indispensable para lograr lo que consideramos un acto de justicia y de defensa de nuestra soberanía”.
“‘Respetado’ doctor: El tiempo es inexorable y usted sabe muy bien que el plazo que le fijamos está próximo a vencerse y todo parece señalar que no le interesa su seguridad personal y la integridad de su familia. Recuerde que no admitimos otra traición, ni vamos a tolerar que el grupo del Externado, esa mafia que usted dirige y orienta, salga a defender tesis diferente a la de la inconstitucionalidad del tratado”, se lee en la misiva.
Y agregan: “El tratado se tiene que caer y usted tiene gran responsabilidad en esa tarea. No nos defraude, porque no va a tener tiempo de lamentarse. Y no se preocupe por sus ‘colegas’ que la ponencia que usted presente va a tener muy buenos defensores y el apoyo indispensable para lograr lo que consideramos un acto de justicia y de defensa de nuestra soberanía”.
Los remitentes buscaban reafirmar la sensación de vigilancia permanente sobre el magistrado, llegando a escribirle que estaban “muy cerca” y que para demostrarlo le enviaban “la grabación que acompaña a la presente carta”.
En esos audios, según el informe, se reconocían voces de familiares, con el objetivo de aumentar el nivel de intimidación y vulnerabilidad.
La presión iba acompañado de exigencias explícitas sobre la ponencia que debía presentar el magistrado.
Los remitentes, identificados como Los Extraditables, aseguraban conocer los detalles de la demanda asignada y señalaban que Gaona “desea que se siga extraditando nacionales hacia los Estados Unidos”.
En ese mismo texto, los autores advertían que no buscarían “compasión ni clemencia”, dejando en claro que su comunicación no pretendía entablar diálogo, sino exigir que el veredicto “sea favorable a nuestra causa”.
Las condiciones impuestas dejaban poco espacio para maniobrabilidad. “No aceptamos disculpas estúpidas de ninguna naturaleza: no aceptamos que se enferme, no aceptamos que se declare impedido, no aceptamos que se vaya de vacaciones, no aceptamos que renuncie”, afirmaron en otra parte de su mensaje. Cualquier paso fuera de lo que esperaban fue catalogado como una “traición” que traería consecuencias no solo para Gaona, sino también para su familia.
El tono de las cartas se tornó aún más amenazante cuando los remitentes establecieron un plazo de noventa días para la decisión y afirmaron que, si se superaba, se daría por hecho la “declaración de guerra” contra el magistrado.
Al final de la carta, los autores lanzaban una sentencia: “si usted ha pensado algún día en hacerse héroe mártir, aquí tiene una bella oportunidad para lograrlo. Sin que ella excluya de manera alguna a ninguno de los miembros de su familia”.
La escalada de intimidaciones incluyó el anuncio de que, en señal de su determinación, en los días siguientes ejecutarían “a un prestigioso abogado” como ejemplo exclusivo para él. Para añadir intriga y mayor intimidación, firmaron bajo un grupo cuyo nombre, compuesto por cuatro letras (“UARG”), fue presentado en desorden.
La Comisión de la Verdad concluyó que estas comunicaciones hacían parte de una campaña de hostigamiento sistémico que acompañó a la Corte Suprema de Justicia en las deliberaciones más tensas sobre la extradición.
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