Grupos armados reclutaron más de 10.000 nuevos integrantes desde 2022, según inteligencia

El deterioro del orden público en distintas regiones del país, marcado por el aumento de enfrentamientos, desplazamientos, extorsiones y homicidios selectivos, estaría directamente relacionado con el crecimiento sostenido de los grupos armados ilegales durante los últimos tres años. Según información de inteligencia conocida por El Tiempo, desde 2022 hasta el segundo semestre de 2025 estas estructuras sumaron 10.158 nuevos integrantes, alcanzando un total de 25.278 miembros en todo el territorio nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incremento, que representa un crecimiento del 67 %, se produjo en el marco de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional, cuyo objetivo es adelantar negociaciones simultáneas con las organizaciones insurgentes y los grupos armados organizados.

Sin embargo, los reportes oficiales consultados por El Tiempo muestran que, mientras avanzaban los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc, estas estructuras ampliaron su presencia territorial y reforzaron sus capacidades militares.

De acuerdo con las cifras reveladas por el diario, el Eln pasó de 4.099 integrantes en 2022 a 6.450 en 2025, mientras que el Clan del Golfo se consolidó como la organización ilegal más numerosa del país, aumentando de 4.061 a 8.945 miembros. A su vez, las disidencias de las Farc, fragmentadas en facciones como las de ‘Iván Mordisco’, ‘Segunda Marquetalia’ y ‘Calarcá’, superaron los 9.000 combatientes, evidenciando un proceso de recomposición interna que fortaleció su poder territorial.

El análisis de inteligencia citado por El Tiempo señala que este aumento está ligado al control de las economías ilícitas que sostienen a las estructuras armadas, entre ellas el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando. Las zonas más afectadas por la disputa armada siguen siendo aquellas con débil presencia institucional, como el Pacífico nariñense, el Catatumbo, el Cauca, el Bajo Cauca antioqueño y Arauca, donde los corredores estratégicos para el tráfico de drogas y el movimiento de mercancías ilegales son motivo de enfrentamientos recurrentes.

Antes del actual gobierno, el panorama mostraba un comportamiento distinto. Entre 2016 y 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz, el número de combatientes ilegales cayó a 10.653. Sin embargo, desde 2018 comenzó una nueva fase de crecimiento: 12.883 en 2018, 13.714 en 2019, 13.590 en 2020 y 13.180 en 2021. Con el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, en 2022, las cifras volvieron a incrementarse hasta 15.120 integrantes, y un año después ya sumaban 18.334. En junio de 2024 el conteo ascendió a 20.489, y para comienzos de 2025 se registraron 21.958 combatientes. Hoy, los registros superan los 25.000.

En un informe anterior, El Tiempo había advertido que, pese a los operativos de la Fuerza Pública, la amenaza de los grupos ilegales creció un 15 % en lo corrido de 2025. Este aumento se traduce en más hombres involucrados en acciones violentas y actividades criminales, afectando la estabilidad de varias regiones.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó a El Tiempo que “la capacidad de recuperación criminal violenta de estos grupos se debe a las finanzas criminales, a las economías criminales”. Según el funcionario, el narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo las principales fuentes de ingresos para las organizaciones, lo que les permite mantener su capacidad de reclutamiento y expansión.

Sánchez también destacó que el fenómeno no solo tiene un componente delictivo, sino una raíz social y económica. “Detrás de la minería ilegal hay un problema también social, un problema económico, porque las organizaciones están utilizando a la población para volcarla en contra de la Fuerza Pública”, precisó.

El ministro sostuvo que las operaciones de control territorial enfrentan obstáculos en las zonas donde estas economías ilícitas son la principal fuente de sustento para las comunidades. A su juicio, la presión social en los territorios mineros y cocaleros ha generado un ambiente adverso a la acción del Estado, dificultando la recuperación de la seguridad.

Los informes de inteligencia concluyen que el crecimiento simultáneo del Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc representa uno de los mayores desafíos de seguridad de la última década. Las proyecciones señalan que, sin una estrategia integral que combine presencia institucional, inversión social y control militar sostenido, el número de combatientes podría continuar en ascenso durante 2026.