El Consejo de Estado negó la primera de las tres demandas de pérdida de investidura que enfrenta el representante a la Cámara David Racero, una decisión que ha reavivado el debate sobre la validez de las pruebas digitales en los procesos judiciales y disciplinarios contra funcionarios públicos.
El alto tribunal descartó como evidencia los audios y mensajes de texto que sustentaban la acusación por presunto tráfico de influencias, al considerar que no contaban con la autorización de los interlocutores ni habían sido aportados directamente por ellos, de acuerdo con W Radio.
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La exclusión de los audios y mensajes, que según la parte demandante demostraban gestiones indebidas para la asignación de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), ha generado dudas sobre la coherencia de los criterios probatorios que aplica el alto tribunal.
La controversia tiene su origen en una investigación por presunto tráfico de influencias en la regional Cesar del Sena, donde se acusa a Racero de intervenir para favorecer a allegados, incluido un tío suyo.
Según la demanda, los supuestos acuerdos se habrían concretado mediante chats y llamadas con Jorge Londoño, entonces director de la entidad.
Los audios filtrados, publicados por el periodista Daniel Coronell, revelan conversaciones en las que Racero pedía información sobre posibles nombramientos y sugería nombres de personas cercanas para ocupar cargos en esa regional.
De acuerdo con el informe del medio citado, durante la audiencia de más de cuarenta minutos en el Consejo de Estado, Racero negó rotundamente cualquier participación en tráfico de influencias y pidió que no se le impusiera la llamada “muerte política”.
“Se trata de suposiciones sin fundamento”, afirmó el congresista, asegurando que su actuación siempre ha sido transparente y en el marco de la ley.
El demandante, Samuel Ortiz, abogado y estudiante de Derecho, anunció que apelará la decisión, buscando que se reconsidere la exclusión de las pruebas y se estudie el fondo del caso.
David Racero celebró la decisión del Consejo de Estado y aseguró que se trata de un fallo que “actúa en derecho”. El congresista reiteró que continuará siendo prudente al momento de expresarse públicamente mientras avanzan los procesos judiciales en su contra, pese a lo que calificó como presiones mediáticas, cálculos electorales orientados a afectarlo y los constantes ataques, calumnias y desinformación que, según él, buscan socavar su imagen y su carrera política.
En declaraciones a la revista Semana, Ortiz explicó que la acción judicial se fundamenta en la causal de tráfico de influencias y que los audios publicados por medios de comunicación evidencian un patrón de gestión indebida de cargos.
El rechazo de esta primera demanda no implica el cierre del proceso judicial. Otras dos demandas por pérdida de investidura siguen su curso ante el Consejo de Estado, mientras que la Corte Suprema de Justicia adelanta una investigación penal por presunto enriquecimiento y abuso de poder.
En esta última, se indaga un depósito de más de cinco millones de pesos hecho por un colaborador de su equipo legislativo a su cuenta personal, así como presuntas exigencias económicas a integrantes de su unidad de trabajo.
En paralelo, persisten los cuestionamientos sobre su relación con la estructura administrativa del Sena. En los chats revelados por Coronell, Racero pregunta a Londoño: “¿Crees viable que los puestos del Centro Democrático nos los den a nosotros en el Cesar, de OPS?”, a lo que el entonces funcionario responde afirmativamente. En otro mensaje, el representante agrega: “¿Le puedo decir a mi tío que hable con el director regional sobre eso?”.
Los audios filtrados por el periodista también incluyen conversaciones en las que Racero menciona listas de posibles nombramientos y sugiere reemplazar a personas que no pertenecen a su círculo político. En una grabación se le escucha decir: “La propuesta es para mí segundo nivel, ¿cierto? Y para mi tío. Con esos dos está bien. Miremos entonces los 15”.
Aunque el Consejo de Estado determinó que estos audios no podían ser tenidos en cuenta como pruebas válidas, su contenido sigue generando controversia política y jurídica.
Expertos en derecho administrativo han advertido que el fallo deja un vacío en la interpretación sobre la validez de las pruebas digitales en Colombia, en un contexto donde la mayoría de las investigaciones por corrupción se apoyan precisamente en registros electrónicos y comunicaciones privadas.
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