La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) dio a conocer una propuesta para modificar la tasa de usura, que es el límite máximo de interés que una entidad financiera puede cobrar por un préstamo; superarla se considera un delito de usura.
Con un monto fijado en 24,99% para noviembre de 2025, según la Superintendencia Financiera, y un incremento de 0,63 puntos respecto a octubre, la discusión adquiere relevancia ante el dato de que solo el 35,5% de los adultos colombianos cuenta con un crédito formal activo.
Así las cosas, la entidad advirtió que la regulación vigente, lejos de proteger a los consumidores, “está limitando el acceso al crédito formal y profundizando la exclusión financiera de millones de colombianos”, mientras que la precandidata presidencial Vicky Dávila propone eliminar el gravamen como parte de su agenda de reformas, abriendo un nuevo frente en la discusión sobre el futuro del sistema financiero.
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En la actualidad, la tasa de usura en Colombia se calcula como 1,5 veces la tasa de interés bancario corriente (Tibc), un mecanismo que, según Anif, restringe el crédito para hogares y empresas con perfiles de mayor riesgo. Dicho escenario afecta, en especial, a los sectores más vulnerables, quienes, al no poder acceder a préstamos bancarios, recurren a prestamistas informales e ilegales como el “gota a gota”.
La Encuesta de Endeudamiento de Anif revela que las tasas en el mercado informal pueden superar el 666% anual, una cifra que ilustra la gravedad del problema para empresas y hogares excluidos del sistema formal.
Propuesta de Anif y justificación
Frente al diagnóstico, la asociación que preside José Ignacio López propone una revisión de la metodología para calcular la Tibc. Recomendó que se base solo en las líneas de consumo y no incluya el crédito comercial. Según el análisis de la entidad, el cálculo actual promedia tasas y montos de diferentes modalidades, lo que reduce de manera artificial el promedio y, en consecuencia, el techo general de la tasa de usura.
Esta distorsión, según Anif, afecta de gran manera los préstamos de consumo, ya que restringe el acceso para los que presentan mayores riesgos. “El acceso al crédito formal sigue siendo un desafío central en el país”, resaltó.
La entidad estima que, de implementarse su propuesta, la cartera de consumo podría crecer en $7,9 billones (3,9%) y la cartera comercial en $8,9 billones (2,4%), es decir, $16,8 billones en total, lo que amplía el acceso al crédito para millones de personas y empresas actualmente excluidas.
El análisis histórico muestra que existe una relación positiva entre la flexibilidad de la tasa de usura y el crecimiento del crédito formal. Por cada aumento de un punto porcentual en el techo de la tasa, la cartera de consumo crece 0,69 puntos y la comercial 0,43 puntos. En los periodos entre 2008 y 2025, los episodios de mayor crecimiento crediticio coincidieron con regulaciones más flexibles, mientras que los límites más estrictos desaceleraron el dinamismo del crédito, afectando tanto el consumo como la inversión nacional.
No implica desregulación
Al respecto, López enfatizó que “la flexibilización responsable de la tasa de usura no implica desregulación, sino ajustar las reglas para reflejar la realidad del mercado y fomentar una competencia sana entre entidades financieras”.
Efectos de la regulación y migración al crédito informal
La regulación actual, diseñada para proteger a los consumidores de cobros excesivos, termina, según el centro de estudios, por desincentivar a las instituciones financieras formales a prestar a clientes con inestabilidad laboral o ingresos volátiles.
Dicha situación contribuye a que solo el 35,5% de los adultos en Colombia tenga un crédito formal activo, una brecha que se explica en parte por la relación entre la regulación de la tasa de usura y el aumento del crédito informal, especialmente en hogares de menores ingresos.
La Encuesta de Endeudamiento Empresarial confirma que las tasas en el mercado informal pueden superar el 666% anual, lo que representa un riesgo significativo para quienes quedan fuera del sistema bancario.
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