Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más tensos de los últimos años. El distanciamiento se ha agudizado en un contexto marcado por la desconfianza bilateral, el debate sobre la política antidrogas y los roces en materia de seguridad.
El punto de inflexión más reciente se produjo en octubre, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti en la denominada “Lista Clinton”, un registro que sanciona a personas y entidades por presuntos vínculos con el narcotráfico o lavado de activos.
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Este episodio se sumó a otros desencuentros recientes. El mandatario colombiano criticó duramente las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico, donde fueron bombardeadas embarcaciones sospechosas de transportar cocaína. A ello se agrega la descertificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas, decisión tomada por la administración Trump y que no se producía desde hace casi tres décadas, implicando la suspensión parcial de ayuda financiera y un endurecimiento de los controles sobre el comercio y la cooperación bilateral.
En medio de ese panorama, surgió un nuevo foco de tensión: la posibilidad de que el Congreso estadounidense, por iniciativa del legislador colombo-estadounidense Bernie Moreno, impulse la inclusión del Clan del Golfo en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado.
Una presión que no vendría solo de Estados Unidos
Consultado por Infobae Colombia, el analista internacional Alejandro Bohórquez-Keeney advirtió que el Gobierno de Petro podría enfrentar mayores presiones diplomáticas si no logra una respuesta hábil frente a esta iniciativa. “Depende mucho de la astucia del presidente Petro. Esto puede ser un cerco al presidente Petro: o coopera, o se vienen todo este tipo de presiones”, aseguró.
El analista subrayó que más allá de los efectos económicos o judiciales, el principal impacto de esta cadena de decisiones será simbólico: “Aquí también puede jugar un poco la imagen internacional de Colombia, porque ante todas las tensiones, el país siempre ha tratado de mostrar que no es un narcoestado”.
Sin embargo, explicó que la posibilidad de que se incluya al Clan del Golfo en la lista de organizaciones terroristas condicionará las relaciones de Colombia no solo con Estados Unidos sino también con otros aliados estratégicos en Europa y América Latina.
En ese sentido, el margen de acción del Gobierno dependerá de la capacidad del presidente Petro para reconstruir confianza internacional sin aparecer como un líder aislado o reactivo. “Si coopera, puede conservar algunos canales de comunicación; si se resiste, las presiones aumentarán”, puntualizó.
A su juicio, Bohórquez-Keeney considera que el presidente Petro podría optar por mostrarse reticente ante la medida, lo que incrementaría el distanciamiento con Estados Unidos: “Yo me inclino a pensar que el presidente Petro va a mostrar resistencia, es lo más probable por el escenario que hemos visto”, dijo.
No obstante, consideró que mantener esa posición puede ser contraproducente: “Si el presidente Petro no alza la mano o hace algún movimiento astuto, se va a quedar aún más sofocado por las presiones del Gobierno Trump”, advirtió.
Para Bohórquez-Keeney, la postura de resistencia que el mandatario ha mostrado frente a temas de seguridad hemisférica podría agravar su aislamiento diplomático. Aunque Petro ha buscado desmarcarse de la política exterior de Estados Unidos, el analista recordó que “Colombia sigue siendo tremendamente dependiente de Estados Unidos y ahí va a venir esa presión”.
Esa dependencia —económica, militar y diplomática— limita el margen de maniobra del Gobierno colombiano y refuerza la advertencia de que el presidente necesitará una estrategia “astuta” para evitar un cerco político y financiero.
En ese contexto, la iniciativa para designar al Clan del Golfo como grupo terrorista no solo representa un nuevo desafío para la política exterior de Petro, también un punto de inflexión para las relaciones bilaterales en medio del deterioro de la confianza y la creciente presión internacional.
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