
Todo lo relacionado con la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de la Universidad de los Andes que fue golpeado hasta morir en una celebración de Halloween en Bogotá, hace que aumente la indignación por este crimen ligado a la intolerancia en Colombia.
Sobre los hechos, testigos indicaron que se trató de una riña registrada a las afueras de un establecimiento nocturno en el que un grupo de personas golpeó en reiteradas ocasiones a Moreno Jaramillo, que fue trasladado a un centro médico, en el que momentos después se confirmó su deceso.
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Por este crimen han sido capturadas tres personas; sin embargo, las autoridades avanzan en una investigación para esclarecer los hechos, puesto que algunas versiones indican que sería superior el número de involucrados en el hecho criminal.
A la espera de un comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, Infobae Colombia habló con el abogado Rogelio Roldán, que abordó los posibles caminos del caso.

En primer lugar, el jurista explicó que es pertinente conocer la participación de cada uno de los implicados, quienes, como mínimo, podrían ser juzgados por coparticipar de alguna manera en el asesinato. Ese sería el caso de las dos mujeres involucradas, que, según un testigo, habrían instigado a Juan Carlos Suárez, trabajador de un call center de 27 años, quien habría golpeado en reiteradas ocasiones, en estado de indefensión, a la víctima.
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Sobre este individuo, el abogado Rogelio Roldán afirmó que, como mínimo, deberá afrontar el cargo de homicidio, por el que podría recibir una condena de entre 17 y 33 años de prisión.
“Estas personas, si todos golpearon a la víctima, por el mero tipo base, se estarían enfrentando a una pena que oscila entre 17,33 y 33,75 años de prisión”, agregó el jurista.

En segundo lugar, Roldán analizó el caso e indicó que existe la posibilidad de que se presenten agravantes, mencionando que la motivación podría ser una de ellas. Según las versiones preliminares, el joven fue seguido por sus victimarios, lo que indica que no se trató de una riña circunstancial, sino de un ataque deliberado.
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“El hecho de haber sido asesinado mediante una golpiza ya constituye un motivo para imputar este agravante. Asimismo, podría aplicarse el numeral siete del mismo artículo ciento cuatro, al colocar a la víctima en situación de indefensión, especialmente cuando eran dos o más personas en contra de una sola”, explicó el jurista.
Sobre este tipo de agravante, Roldán precisó que podría sumarse una pena que supere los 50 años de prisión, aunque esta podría disminuir si los juzgados alcanzan algún tipo de acuerdo con la Fiscalía o si los implicados aceptan los cargos.
“Lo que más les conviene a ellos, en caso de que las personas capturadas sean efectivamente responsables, sería un preacuerdo mediante degradación punitiva a complicidad, lo que les daría un descuento del cincuenta por ciento de la pena a imponer”, concluyó el penalista consultado por este medio.
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El Tiempo informó que Juan Carlos Suárez, principal implicado en el caso, era compañero de universidad de la víctima, que tiene anotaciones por violar las normas en el transporte público y aparece en los registros del Sisbén como una persona en condición de vulnerabilidad.
En el caso de las otras dos capturadas, identificadas como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, de nacionalidad venezolana, no tienen antecedentes y se está investigado si participaron de la riña de manera física o solo instigando al victimario.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre las audiencias de imputación de cargos, que se adelantan en la tarde del 1 de noviembre en Bogotá.
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