Denuncian que Ricardo Bonilla habría dado orden explícita para sumar votos de congresistas en la Comisión de Crédito Público: “Mantenerlos felices”

La revelación de una compleja red de asignación de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sacudió al gobierno de Gustavo Petro y el sistema judicial colombiano.

El testimonio de María Alejandra Benavides, entonces asesora del ahora exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, denunció cómo la llamada “gobernabilidad” se tradujo en la entrega de multimillonarios contratos a congresistas a cambio de su respaldo político.

En su declaración, que se extendió por más de 50 horas y que publicó Semana, Benavides detalló que su principal tarea en el Ministerio de Hacienda consistía en asegurar la “gobernabilidad” mediante la satisfacción de los intereses de los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Para ello, gestionaba los denominados cupos indicativos, un mecanismo que permitía asignar proyectos y recursos a legisladores específicos, condicionando su apoyo en votaciones clave.

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La responsabilidad de Benavides se incrementó cuando su superiora, Andrea Ramírez, tomó licencia de maternidad. En ese momento, quedó a cargo de una tabla que especificaba con exactitud qué contratos millonarios se adjudicaban a cada congresista, siempre con el objetivo de garantizar su voto y respaldo al Gobierno.

Según sus palabras, “el cupo indicativo es un seguimiento de proyectos que se da por parte del Ministerio de Hacienda a ciertos congresistas, en pro de qué: de un relacionamiento y una gobernabilidad. Hay tres condiciones específicas para que se pueda hacer seguimiento: la autorización explícita, el monto y el camino. Esto genera gobernabilidad que se ve materializada en cuórum y votaciones”, expuso Benavides.

De igual manera, la exasesora relató que las instrucciones provenían directamente del ministro Bonilla y que las reuniones con los congresistas de la Comisión de Crédito Público se organizaban para definir los proyectos que debían ser gestionados. En estos encuentros, se establecían acuerdos sobre los cupos indicativos, que incluían la designación de contratistas afines a los legisladores.

Benavides explicó: “Un cupo indicativo era la forma de garantizar gobernabilidad. Que cuando se hacía seguimiento a ciertos proyectos en entidades que el ministro determinaba, con la persona que el ministro designara en esa otra entidad y que cuando me dijeran ‘sí, ya salió’, esto generaba gobernabilidad de parte de los congresistas que estuviesen interesados en proyectos en específico”.

Entre las funciones que asumió, la exfuncionaria destacó la necesidad de “mantener felices” a los congresistas de la Comisión de Crédito Público, quienes aparecen en los registros de seguridad del Ministerio de Hacienda y en la sala contigua al despacho del ministro Bonilla. Benavides recordó que, bajo la jefatura de Andrea Ramírez, se solicitaba a la secretaria administrativa que recibiera correos electrónicos informando qué congresista solicitaba cita con el ministro y cuál era el tema a tratar.

En sus declaraciones, la exasesora aportó detalles sobre el ambiente de las reuniones y la dinámica de las negociaciones. Describió cómo se evaluaba la disposición de los congresistas para votar las iniciativas del Gobierno Petro.

Según su testimonio, “había un acuerdo tácito, porque ninguno de los otros miembros que estaban en esta reunión se opuso. En ella se dijo que, como un gesto con el ministro, recuerdo esa parte, se iba a votar un crédito. Para ellos, era una forma de mostrar que sí estaban dispuestos a colaborarle al ministro Ricardo Bonilla, pero que ya era cuestión de que el ministro demostrara alguna gestión en el interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, expuso el medio citado.

La declaración de Benavides constituye una confesión sobre cómo, desde el Ministerio de Hacienda, se utilizaba el concepto de “gobernabilidad” para encubrir prácticas de corrupción. Los congresistas mencionados en el escándalo: Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz defendieron sus acciones argumentando que su labor consistía en gestionar proyectos y recursos, una función inherente a su cargo. No obstante, las evidencias señalan que la asignación de contratos y la imposición de contratistas eran condiciones para asegurar sus votos en el Congreso de la República.