La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se pronunció en la tarde del jueves 30 de octubre sobre el procedimiento adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en la sede de Colombia Humana, en Bogotá.
En declaraciones a los medios de comunicación, la funcionaria explicó que la diligencia hace parte de una investigación que adelanta la Dirección Especializada contra la Corrupción en torno a presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, de la cual formó parte el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente.
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“Lo que sé es que la diligencia hace parte del programa metodológico que se desarrolla en la Dirección Especializada contra la Corrupción, que tiene que ver con las irregularidades que han sido denunciadas y que se conocen públicamente en la campaña de la Colombia Humana, básicamente con dos líneas investigativas: una que tiene que ver con la superación de topes electorales, y la otra con el posible ingreso de dineros de origen ilícito”, indicó Camargo.
Agregó que el trabajo de la Fiscalía se orienta a cumplir con su mandato constitucional de investigar de manera exhaustiva todos los hechos que puedan constituir delitos. En ese sentido, fue enfática en que “en el 100% de las investigaciones ese es el deber de la Fiscalía: llegar hasta las últimas consecuencias. Es un imperativo de conducta que tienen que desarrollar los fiscales”, sostuvo la jefa del ente acusador.
La inspección a la sede del movimiento político se llevó a cabo el miércoles 29 de octubre en cumplimiento de una orden judicial avalada por el Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías. El objetivo de la diligencia fue recolectar “soportes financieros, contables, contractuales, comerciales y de servicios” relacionados con la campaña presidencial de 2022.
De acuerdo con el oficio firmado por Luz Ángela Giraldo López, del grupo de contadores forenses del CTI, y dirigido a Andrea Vargas, secretaria general de la colectividad, la medida busca “verificar hechos e identificar posibles responsabilidades en el marco del mandato institucional de la Fiscalía y en la búsqueda de establecer la presunta financiación ilícita de campañas y violación de topes electorales para la presidencia 2022”.
La instrucción al CTI fue realizar una “búsqueda selectiva en bases de datos en el Movimiento Político Colombia Humana”, con el fin de obtener toda la documentación financiera y contable correspondiente. El requerimiento incluyó contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingreso, extractos bancarios, reportes contables y actas de entrega de servicios.
Requerimientos específicos de la Fiscalía
El oficio judicial también solicitó que la colectividad política y su gerente de campaña entregaran una certificación detallada de los contratos suscritos durante 2022, incluyendo modificaciones, adiciones, prórrogas u otrosíes, y que se informara si existieron órdenes de servicio o acuerdos complementarios.
En el documento se lee además que “se requiere que se certifiquen y soporten los pagos que realizó el Movimiento Político Colombia Humana a las siguientes empresas que prestaron servicios a la campaña presidencial Coalición Pacto Histórico año 2022, a nombre de su gerente Ricardo Roa Barragán: RBA LOGISTICS SERVICE S.A.S. y GOOGLE LLC”.
La Fiscalía pidió que los giros y movimientos financieros se relacionaran con precisión, identificando las fechas, montos y conceptos, y que el informe estuviera firmado por el representante legal y el contador o revisor fiscal del movimiento político.
La diligencia se concentra en las investigaciones que se adelantan por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El pasado 25 de agosto, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, determinaron que la campaña superó los topes de gasto en más de 5.300 millones de pesos, sumando la primera y segunda vuelta presidencial.
El informe del CNE también señaló que no fueron reportados aportes de organizaciones como Fecode y la USO, ni gastos efectuados a través de empresas como la Sociedad Área de Ibagué (Sadi). Estos hallazgos motivaron nuevas indagaciones de la Fiscalía, centradas en el presunto desvío de recursos y la falta de registro de aportes en los informes oficiales de la campaña.
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