La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de enviar a juicio a tres exintegrantes del Ejército Nacional que no aceptaron su responsabilidad en la comisión de 442 de los llamados “falsos positivos” en Antioquia durante la época más critica del conflicto armado en el país.
Se trata del mayor general en retiro Juan Pablo Forero Tascón y los tenientes coroneles retirados Jairo Bocanegra de la Torre y Édgar Emilio Ávila Doria, que pertenecieron a la IV Brigada del Ejército. Estos militares no reconocieron su responsabilidad en los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre 2004 y 2007.
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De acuerdo con el tribunal especial, las pruebas recolectadas contra los militares en retiro son contundentes y dan cuenta del impulso que estos le dieron a la política de facto del llamado “conteo de cuerpos”, patrón criminal determinado por la JEP en esta región con respecto a las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP remitió los expedientes de estos tres exmilitares a la Unidad de Investigación y Acusación, que equivale a la Fiscalía, dentro del sistema que rige al tribunal que nació producto del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas Farc.
En adelante, esa unidad del tribunal asumirá en profundidad la investigación contra los uniformados retirados, por lo que, con base en las pruebas recolectadas, deberá decidir si les abre un juicio formal. De ser hallados culpables, los exmilitares podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta 20 años en prisión.
El caso 03 sobre los mal llamados ‘falsos positivos’, dentro del que fueron acusados los exmiembros de las Fuerzas Militares, es clave en la labor de la JEP, ya que busca esclarecer y sancionar el engaño y abuso cometidos por miembros del Ejército durante el conflicto armado contra civiles ajenos a la confrontación.
Según la JEP, los ‘falsos positivos’ consistían en la ejecución al margen de la ley de civiles para presentarlos falsamente como guerrilleros abatidos en combate, con el fin de inflar los resultados operacionales y obtener beneficios para los militares involucrados.
Dentro de las investigaciones por estos casos, la justicia especial ha imputado en total a 179 máximos responsables, de los cuales 173 son antiguos miembros del Ejército Nacional. De este grupo, 85 han reconocido su responsabilidad a lo largo de seis audiencias públicas llevadas a cabo en distintos municipios del país, incluyendo Ocaña, Valledupar, Dabeiba, Medellín, Neiva y Yopal.
En este sentido, de los militares que aceptaron su responsabilidad en los hechos, 42 se encuentran en Antioquia y recibirán penas restaurativas que no implican privación de la libertad. Dicho mecanismo busca ofrecer reparación simbólica y social a las víctimas del conflicto, así como contribuir a la verdad y la reconciliación nacional en la construcción de paz.
Por otro lado, además de los tres exmilitares que fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación, la JEP ha remitido otros 21 casos a este mismo organismo dada la falta de reconocimiento de verdad por parte de estos. De ese grupo, cinco ya han sido acusados formalmente ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz.
El primero de estos juicios fue el realizado en contra del coronel retirado Publio Hernán Mejía, cuyo proceso culminó en agosto de 2025 y, actualmente, se encuentra a la espera de su sentencia, que contará con el precedente de que hasta el final de las diligencias se mantuvo en su versión de que no tuvo participación alguna en los ‘falsos positivos’.
Por su parte, la JEP continúa con su mandato de verdad, justicia, reparación y no repetición, enfrentando los retos de resolver estos casos complejos y sensibles, por ello, reconoce que para sanar las heridas del pasado es fundamental la aceptación de responsabilidades, la entrega completa de la verdad y la satisfacción de los derechos de las víctimas.
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